Desde hace más de una semana afloró de nueva cuenta, el viejísimo conflicto agrario que traen entre sí, Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec. Lo grave es que irrumpió de manera violenta. Vecinos de la primera comunidad incendiaron casetas de venta de productos religiosos en el paraje conocido como “El Pedimento”, para llamar la atención de las autoridades civiles y agrarias. De inmediato, montaron un bloqueo carretero que ha afectado duramente el paso de ciudadanos y peregrinos que acuden desde distintos lugares del país a visitar la imagen de la Virgen de Juquila.

Si bien es cierto que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y la Procuraduría Agraria (PA), han puesto a ambas partes en la mesa de diálogo, hasta el momento no se ha logrado ningún arreglo. Es más, el viernes pasado, el Arzobispo de Antequera, Pedro Vásquez Villalobos, envió una carta a ambas comunidades invitándolas a llegar a un arreglo armonioso que evite el derramamiento de sangre. Pero nada ha ocurrido. Existe cerrazón de parte de las autoridades tanto políticas como de bienes comunales. Se trata, por supuesto, de un viejo conflicto que no ha encontrado solución.

Por fortuna, en otros entornos se han encontrado soluciones pacíficas, como es el caso del conflicto agrario que traen entre sí, las comunidades mixes de San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnabán. La semana pasada las autoridades comunales de ambas suscribieron un acuerdo de paz, gracias a la mediación del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

Vale pues la voluntad de las autoridades para sentarse y lograr acuerdos, independientemente de ganar o no los laudos agrarios. Muchos de estos casos ya se han ventilado en el Tribunal Agrario Unitario, pero es la cerrazón de algunos lo que ha impedido que se logren acuerdos. No son pocas las ocasiones en que todo se quiere resolver emboscando a los vecinos o llenando de sangre las tierras en disputa. Como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, ahora se ha agregado un ingrediente más a los conflictos: los cultivos de amapola o marihuana.

Ello ha ocasionado enfrentamientos o asesinatos masivos entre pueblos vecinos, cuyo mejor ejemplo está en ciertas comunidades del distrito de San Carlos Yautepec, como Santa María Ecatepec con San Lucas Ixcotepec o San Pedro Mártir Quiechapa con Santiago Lachivía.

Casetas: atracos impunes

El mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), específicamente de la Sección 18 de Michoacán, que han sido ya exhibidos a nivel nacional por generar serios problemas a dicho estado, ante su empecinamiento de bloquear las vías férreas, parece no haber llegado ni a los beligerantes normalistas de Oaxaca, menos a los maestros que forman parte del Cártel 22. Y es que tanto unos como otros siguen con sus mismas prácticas. Por ejemplo, la semana pasada, casi de madrugada, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vanguardia” tomaron la caseta de cobro de Huitzo para exigirle a los automovilistas, una cuota “voluntaria para su jornada de lucha”.

Por supuesto que no se trata de un hecho fortuito, sino que forma parte de una cadena delictiva en la que están involucradas las estudiantes, la mayoría jóvenes y mujeres. La toma de casetas es un delito que debe sancionarse, no obstante, las autoridades hacen mutis. Las normalistas se amparan en el affaire Ayotzinapa para arropar sus acciones con el manto de la impunidad. Muchas voces se han escuchado en Oaxaca para pedirle al gobierno haga valer la ley y evitar que este ilícito se maquille con la famosa lucha social.

Los transportistas que a menudo son motivo de asalto en algunos parajes desolados de la Mixteca, ya no saben de quién cuidarse, si de las bandas de asaltantes que asuelan la región o de las normalistas tanto de Tamazulapan como de San Pedro y San Pablo Teposcolula, que roban camiones de mercancía y los despojan de su carga para venderla después. En las redes sociales se ha hecho virales escenas en donde se ve a las jovencitas cubiertas del rostro y metiendo los productos del hurto a su escuela.

Camionetas de refrescos, de productos lácteos, de electrodomésticos y otros, por igual, son objeto de robo. Escenas como la del sábado 9 de enero, por ejemplo, a lo que ya nos hemos referido líneas arriba, cuando un grupo de no más de diez mujeres jóvenes tomaron la caseta de Huitzo, ya son comunes. Emulando esta acción, alumnos (as) de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), con sede en Ciudad Ixtepec, hacen exactamente lo mismo, sin que autoridad alguna les llame la atención o les aplique la ley. Y es que ante cualquier intento de hacerlo, de inmediato salen a relucir las comisiones de derechos humanos para calificarla como “criminalización de la protesta social”.