Una de tantas pifias que cometen los árbitros electorales (Instituto Electoral y Tribunal Estatal Electoral) la padecen hoy los habitantes de San Antonio de la Cal. Avalaron el supuesto triunfo como presidente municipal de Ángel Alfonso Vázquez Santiago a pesar de los evidentes vicios en el proceso electoral que, para empezar, fue suspendido tres veces y el representante el IEE se retiró.
Aún así, el Instituto Electoral le dio constancia de mayoría al supuesto ganador con base en la resolución, también muy cuestionada, del Tribunal Electoral.
Rumoran en ese municipio que el mismo Ángel Alfonso y sus sostenedores Amador Jara y Hugo Jarquín, han dicho que de la primera remesa de fondos que reciban, pagarán de 2 a 3 millones a los magistrados del TEE que dictaminaron a su favor. Esta conjetura se dilucidará con el resolutivo que pronto emitirá la Sala Jalapa del Tribunal Federal Electoral.
Dicen los que conocen el expediente que son muy altas las probabilidades de que, otra vez, enmienden la plana al tribunal que preside Miguel Ángel Carballido. Si esto sucede así, el desprestigio marcará al presidente y a los otros dos integrantes del TEE: Elizabeth Bautista Velasco y Raymundo Wilfrido López Vázquez.
SAN ANTONIO DE LA CAL
Tan luego el IEE entregó su constancia de mayoría de votos, Ángel Alfonso regresó a San Antonio de la Cal donde se desarrolló la elección que, evidentemente, no ganó.
En la metáfora de que el delincuente siempre vuelve al lugar del crimen cuando piensa que el delito quedó incompleto o que las autoridades están investigando el hecho, regresó al palacio municipal cuyas puertas estaban cerradas y selladas por la anterior autoridad.
Ávido de poder, ordenó a un grupo de porros traídos de otros municipios, romper las cerraduras para ocupar la presidencia municipal. Una acción penalizada por no haber hecho un evento formal de entrega recepción en presencia de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En el pueblo sospechan complicidad con el ex presidente municipal Eliseo Mendoza Martínez quien -dicen- necesariamente tendrá que ser sujeto a una auditoría por el multimillonario desvío de recursos. Dicen que con el asalto al palacio quieren borrar el cuerpo del delito. Sería un buen pretexto para que Eliseo Méndez pueda alegar, cuando lo requieran, robo de documentación oficial y hasta dinero.
El ex edil tampoco hizo entrega formal del cargo. Nativos de San Antonio de la Cal que trabajaron de la mano con el comisionado municipal José Herrera, se enteraron que su municipio recibe unos 56 millones de pesos al año además de los cerca de ocho millones de pesos que ingresan por pago de impuestos directos ¿A dónde se va tanto dinero cuando no hay obras y el pueblo tiene tantas carencias? Se preguntan.
Se dieron cuenta de la transformación que hubo en los dos meses del comisionado municipal que pavimentó algunas calles, pintó las escuelas y restableció servicios de luz, agua potable, recolección de basura, barrido, etc.
“Bien por usted comisionado que nos abrió los ojos para que no permitamos más robos del presupuesto municipal”. Así dijeron al despedir al funcionario.
EL BOTÍN
La impunidad es lo que lleva a los presidentes municipales, de todos los colores, a desviar el presupuesto. Protegidos desde que son candidatos por poderosos padrinos, saben que pueden hacer lo que quieran con el dinero público. Es decir, pueden robar si ninguna consecuencia.
Este es un fenómeno en crecimiento que, con la 62 legislatura del estado, alcanzó su clímax. Los diputados de todos los partidos se confabularon. Atizaron conflictos en más de 40 municipios donde reventaron las elecciones y luego se repartieron, cual botín, cada uno de los municipios donde cada quien puso a su administrador. Ninguno llegó a administrar, se dedicaron a robar descaradamente.
Con todo y su cercanía a la capital, el municipio de San Antonio de la Cal fue uno de los más saqueados. El diputado Ericel Gómez Nucamendi puso como administrador a su sobrino Noe Lagunas. Éste desapareció con su asesor fiscal Alfonso Esparza, todo el presupuesto cercano a los 50 millones de pesos anuales. Por más quejas y denuncias, el saqueo quedó impune. Así es el modus operandi.
En el caso de los alcaldes electos, la impunidad es similar. Los lleva a la candidatura un padrino que puede ser un diputado o funcionario influyente. Ya sea que vaya a una elección por partidos o por usos y costumbres, es bien asesorado.
Como presidente municipal lo conduce un partido político que, junto con algún diputado y otros mecenas, le venden protección. Lo blindan en el Congreso del estado para evitar auditorías y hay centenas de “despachos fiscales” que les venden asesoría para, supuestamente, justificar los desvíos multimillonarios.
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