De rifas y consultas

La semana que hoy termina trajo dos fracasos para la autodenominada Cuarta Transformación: la no-rifa del avión presidencial y la petición de consulta popular para llevar a juicio a expresidentes. ¿Por qué digo que fracasaron? Porque en ninguno de los dos casos se cumplieron las expectativas de Morena y el presidente.

En el primero, no se lograron vender la totalidad de los boletos o “cachitos” para la rifa simbólica por el monto del avión presidencial por lo que, de hecho, la misma resultó en un daño a la hacienda pública de la Federación.

En cuanto a la consulta, si bien es cierto pasadas las 11:00 PM del 15 de septiembre se presentaron dos peticiones “respaldas” por firmas de ciudadanos, una de ellas supuestamente con más de 2 millones de firmas, conforme a su propio conteo un día antes les faltaba todavía la mitad, por lo que es poco creíble que en menos de 24 horas hayan recabado lo que en 10 días no pudieron.

Tal fue la decepción de la 4T respecto de este último punto que el propio presidente se vio obligado a presentar el mismo 15 por la mañana su propia petición ante el temor fundado de que vencido el plazo no recolectarían las firmas necesarias. Ahora tocará al INE validar las firmas que se adjuntaron a las peticiones de consulta, así como si las mismas representan cuando menos el dos por ciento de la lista nominal de electores.

Pero hay algo más que preocupa: el Presidente del Senado, el morenista Eduardo Ramírez, admitió a trámite las peticiones ciudadanas sin que conste la presentación de un requisito cuya omisión es motivo para desechar la petición conforme al artículo 14 de la Ley Federal de Consulta Popular: el aviso de intención. ¿Será que el senador de Morena violó la ley para dar entrada a las peticiones en las que participó su partido, el partido del presidente? De lo contrario, que hagan públicos dichos avisos.

Así, el 15 de septiembre se presentaron un total de tres peticiones de consulta sobre el juicio a expresidentes: la de AMLO y las dos ciudadanas, cada una de ellas con sus particularidades, pero todas con un mismo punto en común: las preguntas que plantean son inconstitucionales.

¿Por qué? En síntesis, por tres argumentos: (I) se somete a consulta el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en la materia, las cuales son un deber y no un simple poder (II) se consulta el ejercicio de los derechos y las garantías individuales de las víctimas de los delitos, es decir, de las y los mexicanos y (III) se afecta el debido proceso de los acusados.

Pero López Obrador piensa lo contrario. Él dice que la consulta es constitucional y recomendó a las y los Ministros de la Suprema Corte atender a las encuestas, es decir, atender lo popular. Sin embargo, desconoce o quiere desconocer que la naturaleza de los tribunales constitucionales implica salvaguardar el orden constitucional incluso cuando las decisiones que tomen sean contrarias al clamor popular.

Es decir, la Corte no está para representar a las mayorías, para eso está el Congreso, sino para hacer valer nuestra Constitución, por más impopular que ello pueda ser.

Como he relatado en este espacio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la que tenga la última palabra sobre las peticiones de consulta popular para 2021. Mientras las peticiones ciudadanas tienen todavía pendiente la validación de las firmas a cargo del INE para posteriormente ser enviadas a la Corte, la petición del presidente se encuentra ya en el máximo tribunal, el cual, se espera, las declarará inconstitucionales, parando con ello la intención de López Obrador de ser parte, aunque sea indirectamente, de la jornada electoral de 2021.

Estos dos fracasos de la 4T representan el rechazo de la sociedad a los sinsentidos de AMLO: una rifa no-rifa con la cual se pretendía simular el combate a la corrupción, y algo que es a todas luces inconstitucional: someter la justicia a consulta.

*Licenciado en Derecho por la IBERO CDMX

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