Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. En el caso del INE, este dicho aplica totalmente. Quizá muchos jóvenes no saben que por muchos años los procesos electorales los condujo una Comisión que dependía directamente de la Secretaria de Gobernación, incluso el mismo secretario de Gobernación presidía esta Comisión. El mismo gobierno era juez y parte. La sospecha del fraude electoral siempre estuvo ahí, era un secreto a voces.
El caso más emblemático fue en el proceso electoral de 1988, cuando Manuel Barlett Díaz en ese entonces secretario de Gobernación y Presidente de la Comisión Federal Electoral, anunció la caída del sistema, que en el imaginario colectivo se convirtió en un símbolo del fraude electoral que benefició al candidato del PRI.
En los tiempos de la “Presidencia Imperial”, como lo llama Krauze, el PRI se configuró en partido hegemónico desde 1946. En ese entonces hubo escasos contendientes que realmente tuvieran la capacidad de competir por la hegemonía, lo cual se convirtió en algo impensable en los años dorados del priísmo, entre 1946 y 1968. Luego vendría la sospecha y la búsqueda de otras opciones que, debido a nuestra débil historia partidaria, aparecían como algo definitivamente remoto.
Carlos Martínez Assa, en su ensayo “El IFE y la ciudadanización de la política” publicado en febrero de 1999 describe muy claramente estos procesos.
La madurez del sistema de partidos llegó después a la par de los sismos de septiembre de 1985 cuando los ciudadanos arrebataron al poder público su capacidad de discernimiento, que perdió por la tardanza para tomar las medidas más adecuadas frente a esa tragedia.
Este acontecimiento demostró la capacidad de los ciudadanos para organizarse de manera espontánea e introducir la idea de una voluntad democratizadora. El movimiento urbano popular fue el que primero se articuló para resolver los problemas de vivienda que los desastres dejaron, para posteriormente ampliarse y mostrar su capacidad organizativa a otras formas de asociación. Surge así, junto a otros países, el modelo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que buscan precisamente restarle espacios al gobierno dando prioridad a la defensa de los derechos de los ciudadanos en la medida que el autoritarismo se expresó muchas veces en el sistema de impartición de la justicia.
Es, sin embargo, con la reforma de agosto de 1996 cuando sale definitivamente el secretario de Gobernación y el proceso de ciudadanización se instituye. el Consejo General, como órgano superior de dirección, se integraría por “un consejero presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo”.
Las tareas en las que el IFE involucró a los ciudadanos garantizaron también la confianza que se va conformando. Convocó a la auditoria ciudadana; es decir a que los ciudadanos que así lo desearan pudieran acudir a verificar si sus datos estaban correctamente asentados en las listas del padrón electoral, uno de los instrumentos tradicionalmente más cuestionados por los partidos, en particular, de la oposición. Pero, igualmente, siguiendo una tradición, la participación de los ciudadanos en la jornada electoral fue otra garantía de la imparcialidad y transparencia. Ciertamente es importante cuidar los gastos, pero resulta más cara la desconfianza.
A partir de la reforma constitucional de 2014, con la transformación del IFE, el INE evolucionó hacia una Institución de carácter nacional a partir de la cual los estándares con los que se organizan los comicios electorales se homologaron para fortalecer la democracia electoral y garantizar el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía.
Los principios rectores siguen siendo: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.
El INE es la máxima autoridad electoral del Estado Mexicano, que lleva a cabo las elecciones federales, emite la Credencial para Votar, y realiza una serie de actividades
Si bien, el INE tiene margen para hacer cambios y mejorar, lo cierto es que las propuestas presidenciales, como los llamados Plan B ó C representan un retroceso al avance democrático de México ya que se busca un mayor control del gobierno en los procesos electorales y regresar al Estado el espacio ganado por los ciudadanos.
