País de escándalos

México no es solamente un país de desigualdades, también es un país de escándalos, donde la prontitud con que se presentan hace que unos reemplacen a otros en la memoria colectiva. 

Van y vienen, se acumulan cada sexenio y se van desdibujando con el paso del tiempo, sin que casi ninguno de ellos sea investigado y resuelto de acuerdo a la legislación prevaleciente. 

Lo escandaloso de los casos denunciados va desde el asesinato a mansalva de servidores públicos y ciudadanos comunes, el enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia, la aparición de fosas clandestinas con decenas y hasta cientos de cadáveres. 

También los casos de enriquecimiento desde el poder, los abusos, el reparto de dádivas, la continua violación de las leyes, sin que suceda nada o casi nada. 

Es cierto que, en algunos de los casos, la autoridad reacciona y hasta llega a encarcelar a algunos de esos delincuentes del medio político que se beneficiaron con el erario, los mismos que jamás regresan lo sustraído y después de cumplir con unos pocos años en la cárcel, se atreven a regresar a la actividad pública, sin vergüenza alguna. 

Estos pillos dicen que regresan a lavar su honor y algunos de ellos hasta lo logran, aprovechando la amnesia del pueblo, otros más, simplemente, se dedican a disfrutar de lo mal habido. 

Los escándalos en México logran atraer el interés popular y hasta el político transformándose en casos judiciales que al poco tiempo pasan al olvido. 

La responsabilidad es una palabra que parece no existir en el vocabulario nacional, ya que se omite aplicarla en los personajes que son considerados como tales y que no son juzgados. 

En la historia de los últimos años se van acumulando rezagos, unos en los juzgados y otros que al paso del tiempo pasan al olvido. 

Doce años después del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el caso sigue estancado, con castigos menores. 

Cada vez que viene una elección en esa entidad se revive el asunto y gana notoriedad por unas semanas, pero hasta ahí. 

La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa vive procesos similares, con detenciones y liberaciones de presuntos responsables. 

Ex gobernadores, ex alcaldes y otro tipo de funcionarios son recluidos durante la administración siguiente y liberados al final de ella. 

Algunos como Elba Esther Gordillo y Andrés Granier Melo sufren prisión de cinco años en la comodidad del hospital de la cárcel o hasta en nosocomios privados y son liberados, al no encontrárseles culpables. 

El misterio de los muertos encontrados en las fosas clandestinas queda simplemente en el anecdotario popular y cuando mucho se llega a identificar algunos de esos cadáveres. 

Empresarios y servidores públicos son señalados de colusión con resultados de aplicación de multas o suspensión que al poco tiempo son levantadas y las multas condonadas. 

El país sigue dando mucho de qué hablar en el tema de la corrupción, el que sigue prevaleciendo en algunas oficinas gubernamentales. 

Un caso reciente que alertó a todos es que Carlos Romero Deschamps que sobrevivió a denuncias de corrupción, financiamiento a un partido político (PRI), denuncias sobre venta de plazas y manejo antidemocrático del sindicato y que fue desplazado de la secretaría general del mismo fue obligado renunciar a su empleo, sin que nadie alce la voz para clarificar de dónde procede su escandalosa fortuna. 

Desde hace muchos años, los hijos y el propio Carlos Romero Deschamps hicieron gala de sus excentricidades, en joyas, autos, barcos, ropa y propiedades, todas a la vista pública, sin que nadie se interesara jamás en saber de donde procedían esos lujos de un dirigente sindical que ni juntando sus salarios de los más de 25 años que estuvo al frente del sindicato le hubiesen alcanzado para una sola de sus propiedades. 

Con los dirigentes sindicales, sucede lo mismo que con los ex servidores públicos que se van a su casita a disfrutar de sus enormes fortunas, sin ser molestados en lo más mínimo. 

Eso sí, existe un código de honor entre ellos que calladitos se ven más bonitos y que quien se atreva a romperlo, pagará las consecuencias. 

Valdría la pena preguntarse si se decomisan algunas de esas enormes fortunas construidas al amparo del poder público tendría el país menos pobreza o iría a parar a manos de otros personajes tan corruptos como ellos. 

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