Por muchos años distintos gobiernos de distinto color en el país han dicho que “la corrupción es el flagelo mexicano”, lo que según la Real Academia de la Lengua Española significa “Aflicción o calamidad”. Y que por lo mismo hay que acabar con él. Y lo utilizan como discurso de campaña. Y juran que su gobierno será el de la recuperación y la dignidad, la moral y la decencia: Si. Pero no.
Don Luis González y González, el insigne historiador mexicano, atribuía a que, en parte, esta mala costumbre de dar y recibir a manera de “simplificación administrativa” se debe a que durante un largo periodo colonial, en vista de que el gobierno virreinal no tenían forma de mantener un aparato administrativo coordinado y estructurado en todo el virreinato, que era muy extenso, entonces ideó ceder parte de la atribución recaudatoria por servicios prestados, como autorizaciones, permisos, registros, validaciones, límites, precios, costos y más, a personajes importantes de las comunidades.
Así que la única manera de más o menos controlar la recaudación era nombrar a una especie de delegados quienes otorgarían estos servicios a cambio de una remuneración directa. Los ciudadanos entregaban el dinero en mano por estos servicios, sin intermediaciones y de manera discrecional.
Parte de ese dinero era su salario y parte sería entregado a las arcas virreinales. Así que esta costumbre de pagar por un servicio o salvar una sanción se mantuvo así durante muchos años y se hizo costumbre que ha costado mucho desarraigar.
Digamos que esta es una de las posibles causas de la fea costumbre de muchos mexicanos de querer solucionar todo “por debajo del agua” de forma directa y en forma discrecional. Y en parte, también, porque se ha estructurado un aparato burocrático que dificulta las soluciones a problemas mínimos, requiriendo un largo proceso para su trámite y costos y gastos individuales.
La otra es que la corrupción se apodera –por ejemplo– de las instituciones de seguridad que deberían vigilar por la seguridad pública y el cumplimiento estricto de la ley; en muchos casos algunos de sus malos operarios facilitan la comisión de delitos, ya mirando para otro lado, ya omitiendo aplicar la ley o bien haciéndose parte y cómplice del delito.
Esto ha sido evidente durante muchos años. De pronto se conoce que tal o cual autoridad policiaca está involucrada en delitos de corrupción y complicidad, lo que también ocurre con elementos de la procuración y la administración de justicia, algunos de ellos involucrados en ilícitos: por dinero o bienes o servicios, con lo que se genera el componente a la corrupción, que es la impunidad.
Por supuesto hay distintas formas de corrupción, como la de tipo político, la de tipo administrativo, la corporativa e individual. Todos los involucrados quieren hacerse de beneficios fuera de la ley, ya con posiciones, puestos, o recursos directos. Designar y ocupar puestos para los que no se está calificado es una forma de corrupción también… Y mucho más.
Y decíamos: Todo este negro panorama de irregularidades, ilegalidades, corrupción e impunidad ha sido el motivo por el que candidatos de todos los partidos juran y requeté juran que si llegan al gobierno esto se acabará. Que se aplicará la ley.
De hecho durante la campaña para el gobierno de la actual 4-T uno de los ejes centrales del discurso fue el de la anticorrupción. Que esto se acabaría en un abrir y cerrar de ojos, en un tronido de anular con pulgar.
Pero nada. Aunque el gobierno de la 4-T insiste en que en México la corrupción está a punto de extinción y que todos aquí, tanto ciudadanos como gobierno, juntos comeremos chicharrón y que todo es transparente y sin mancha, pues no… resulta que no… que las cosas van a peor.
En los meses recientes las llamadas de atención internas e internacionales, por los altos índices de corrupción en México son cada vez más frecuentes. Estas advertencias dicen que la corrupción sigue tan campante en México, y aún más fortalecida.
Por ejemplo, el reporte más cercano es el informe de The World Justice Project, en el que según sus investigaciones y evaluaciones, México es el quinto peor país del mundo en corrupción:
En su Índice de Estado de Derecho 2021, la organización ubicó al país en el ranking de Ausencia de Corrupción en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas. A México le siguen Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo, en donde este último país es el peor evaluado.
En 2019, el país se encontraba en el lugar número 117, hoy 135, como se ve, en tanto que en América Latina, México ocupa el lugar 32 de 32 países evaluados, en América Latina y el Caribe, que es decir, el peor evaluado.
Así que la corrupción y la impunidad en México están ahí, inamovibles y sí fortalecidas. El discurso dice que no es así, pero la terca realidad es lo que es.
En el marco del nombramiento de México para presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de México, a tres años de su gobierno, asistirá a Nueva York EUA el 9 de noviembre de este año. Ahí ante las naciones representadas hablará –ha dicho—“de la relevancia del combate a la corrupción en el mundo, como ruta para atacar la desigualdad.”
