El 17 de julio pasado, de forma sorpresiva el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tanto las aduanas terrestres como marítimas estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina de México. Ni más, ni menos.
Lo dijo así: “Tomé la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, lo mismo en el caso de puertos”. Esto en el puerto de Manzanillo, en una de las regiones con mayor tasa de homicidios del país.
El argumento fue el de que debido a la corrupción en aduanas y puertos, se introduce en México “droga de la más destructiva y dañina, que destruye a nuestros jóvenes”. Y aseguró que “esto explica mucho los atentados y homicidios que hay en Colima y en otras partes del país”.
El entrelineado que utilizó el Ejecutivo fue el de que era su decisión que así fuera y que el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, tendría que acatar y entregar las plazas para ser sustituido por las fuerzas militares, toda vez que –se entiende ahí- los trabajos que había hecho en estos puntos clave habían sido un fracaso.
Esto caló fuerte al que fuera uno de los hombres más consecuentes con el presidente de México y la 4-T. Fue él quien dijo que no hubo corrupción en la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco, aunque enseguida fue corregido por el Ejecutivo, en adelante dio la batalla para respaldar la decisión presidencial de suspender las obras e iniciarlas en la zona militar de Santa Lucía. Era él quien daba la cara en decisiones que toma el Ejecutivo en materia de comunicaciones, transportes y relativos… Y era el quien disciplinado guardaba silencio…
Pero no más: En su carta renuncia del mismo 17 de julio, firmada y enviada inmediato a que se diera a conocer la noticia (aunque dada a conocer una semana después, toda vez que a la pregunta que se le hizo al Presidente en sus Mañaneras, él decía desconocer que esto fuera así y que hablaría con el Secretario Jiménez Espriú). En su segundo párrafo escribe:
“El motivo, que le he expresado personalmente [al Presidente], es mi diferendo por su decisión de política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT desde 1970″, dice en su renuncia pública.
Sin duda fue un diferendo de opiniones que el mismo presidente aceptó cuando dio a conocer al sustituto de Jiménez Espriú. Sin embargo es una decisión tomada y que ocurre a nueve días de su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en Washington.
Y así como se militarizaron las fronteras norte y sur del país con elementos de la Guardia Nacional (Donald J. Trump dice que tan sólo en la frontera norte hay 27 mil soldados mexicanos) esta vez se militarizan las aduanas y puertos. Es decir, el país tiene un cinturón militar para entradas y salidas de México, lo que preocupa. Y que, por otra parte, conviene también a quien ve a nuestro país como zona estratégica de seguridad nacional para Estados Unidos de América.
Y sí es cierto, por lo que se sabe, que estos puertos aduanales son la entrada y salida de narcóticos, tráfico humano y de armas. Así, son espacios vulnerables para el país y controlarlos conviene para detener ya el grado de criminalidad y corrupción que ha surgido de todo esto.
Aunque la iniciativa de Reforma se presentó en octubre de 2019, quizá este asunto merecía un tratamiento más cuidadoso para fortalecer, vigilar, coordinar desde el ámbito civil y no militar esta tarea que asumen el Ejército y la Marina como una responsabilidad más a las muchísimas que ya le ha encargado el presidente mexicano. Hoy lo militar es un poder junto al poder Presidencial.
Nuestro Ejército, como la Secretaría de Marina han sido por años dos instituciones que merecen todo nuestro respeto. Esto cuando asume la responsabilidad constitucional de cuidar y defender la soberanía nacional y el territorio nacional de acechanzas externas y, si, para casos extremos de desastres en el país como era su programa DN-3.
Hoy ambas instituciones se ocupan de asuntos ajenos a esa tarea y más vinculados con tareas de vigilancia y policiacas. Lo que hace pensar en el fracaso de la famosa Guardia Nacional para enfrentar tanto al crimen organizado, como a la delincuencia y a la violencia criminal en el país. Como también la cesión del poder nacional para tareas normalmente del orden civil. El país está cercado.
Pero ¿esto de veras es una solución? ¿O es el cumplimiento de un punto de vista personal del Ejecutivo que construye a su medida las soluciones a grandes problemas que atañen al país? ¿Se piensa en el desgaste que se hace de estas Instituciones respetables? ¿Qué sigue a esto?
Y luego, el sábado 25 de julio, el presidente anunció: “Voy a informar el día de hoy al secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, que se nombre en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a Rosa Icela Rodríguez”. ¿En esto se cumple: 95% de honestidad y 5% de experiencia en los cargos de servicio público? Así. Simple y sencillamente.
