Enero 22 de 2021. Dos camionetas calcinadas. Diez y nueve cuerpos incinerados en una de ellas. Una brecha conocida como Santa Anita o Rancho Piedra del municipio de Camargo, Tamaulipas.
El primer informe de la policía local establece que son una camioneta Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas del estado de Nuevo León y una Chevrolet, Silverado, pick up, así como tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62×39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223mm y dos del 7.62×39 mm.
Los estudios de balística reconstructiva preliminares establecían que el Sequoia no contaba con impactos de arma de fuego en tanto que la pick up presentó 113.
Que en cuanto a los restos humanos localizados, de manera preliminar se determinó que 16 corresponden al sexo masculino, uno al femenino y dos pendientes de precisar debido al alto grado de calcinación. Entre los identificados hay migrantes de origen guatemalteco.
Hasta aquí los primeros datos de una de las masacres más impactantes de los primeros días de 2021. Un hecho que pudo haber pasado desapercibido para “integrar una carpeta de investigación” de no ser por el reclamo de organizaciones de los derechos humanos y por el gobierno de Guatemala.
¿Quiénes son los culpables? ¿Por qué? Al momento todo entra dentro de la presunción.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en La Mañanera del lunes 1 de febrero que entre los análisis se verá si hubo alguna responsabilidad en este caso por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM):
“Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios o servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, inclusive saber con qué facultades se aseguró una camioneta, eso también tendría que ser objeto de investigación.
“Estamos en una estrecha colaboración y comunicación con la Fiscalía del estado, sí se ha avanzado en las investigaciones. También estamos por parte de la Cancillería en comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas para conocer los hechos que se dieron antes y con posterioridad a estos lamentables hechos”.
También se ha dicho que: “La masacre de Camargo, Tamaulipas, en la que 19 personas fueron asesinadas y calcinadas, fue perpetrada por policías, o bien por elementos de algún cuerpo de seguridad, según la hipótesis que a una semana de los hechos cobra cada vez más sentido entre las autoridades encargadas de la investigación.
“Los agresores tuvieron el cuidado de recoger los casquillos. La explicación de las autoridades es que muy probablemente estos provenían de armas de cargo. Después de tres inspecciones en el lugar se confirmó que los asesinos habían logrado borrar los indicios que pudieran delatarlos.” (Héctor de Mauleón)
Lo ocurrido en Camargo es extremadamente grave. Y no cabe que se permitan ocultamientos, complicidades o juegos sucios y malabares legales para proteger a culpables directos o indirectos de esta masacre, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Esto que parece ser cotidiano tanto en investigaciones como en procedimientos legales debe terminar si en verdad se insiste en que hay una lucha seria en contra del crimen organizado y la delincuencia. ¿La hay? ¿Puede el gobierno federal o no? ¿Y los estatales y municipales?
Lo de Camargo, por su magnitud ya se compara con lo ocurrido ahí mismo, en Tamaulipas, en San Fernando, en 2010, cuando 72 personas, muchas de ellas migrantes de Centro y Sudamérica, fueron abandonadas en una bodega luego de recibir un disparo en la cabeza. El hecho sigue aún sin esclarecerse.
Y entre San Fernando y Camargo han ocurrido otros hechos asimismo sangrientos y de los que aún no hay solución en ley. Según se sabe, un año después, hubo una “segunda” Masacre de San Fernando, en la que 193 personas fueron sacadas de los camiones en los que viajaban, asesinadas y enterradas en fosas comunes. Otros 21 miembros de un cartel fueron baleados en 2019 e incinerados en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.
Y como en Tamaulipas ocurre en muchas otras partes del país. Es intolerable que esto aún ocurra luego de que el tema de la seguridad pública fue parte de las promesas de campaña presidencial en 2018. Y Luego de que se creó la Guardia Nacional para combatir al crimen organizado y a la delincuencia, y luego de que se ha involucrado al Ejército y a la Marina para su combate.
El incremento de hechos violentos en todo el país es cada vez más evidente, como también el fracaso del programa de seguridad pública nacional. Esto es, según Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SENSP) en 2019, hubo 34,608 homicidios dolosos y 1,012 feminicidios. Y tan sólo de enero a julio de 2020 sus registros recogieron 20,494 homicidios dolosos.
La impunidad parece ser parte del enorme problema nacional. Muchos de los delitos quedan guardados en las famosas “carpetas de investigación” abiertas y cerradas sin explicación y justicia. Lo de Camargo puede ser el caso. No debe ser: Familias en Guatemala y Centroamérica aún esperan a sus hijos… o a la justicia.
