En 1949 George Orwell escribió una de sus obras emblemáticas “1984”, que es una imagen estremecedora de un país-mundo dominado por la policía del pensamiento.
Y aunque la crítica del autor se orientaba hacia el comunismo soviético, la sola idea del control puede aplicarse a cualquier forma de totalitarismo. Esto es: La acción ocurre en un estado, “Oceanía”, que es gobernado por un líder todopoderoso denominado “Gran Hermano”.
Desde su poder quiere someter a la población hasta tal punto que fabrica una “neolengua”, en la que se eliminan términos del idioma. A menos palabras, menos capacidad para el pensamiento. El sistema, para funcionar, necesita un enemigo, el chivo expiatorio al que culpar de todo lo que no funciona. El adversario del Gran Hermano es un disidente llamado Emmanuel Goldstein. (En la obra Orwell hace referencia a León Trotski, que es perseguido y tiene apellido judío)
Pero el Gran Hermano controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Cualquier fidelidad a otro, sea un padre, un hijo o una pareja, está prohibida.
‘Todo se basa en la utilización masiva de la mentira por parte de unos organismos que hacen siempre lo contrario de lo que dicen. Así, el Ministerio del Amor se dedica a torturar a los disidentes. El de la Paz se ocupa de la guerra con otras potencias. El de la Verdad, a manipular cualquier dato que entre en contradicción con los intereses del gobierno.
‘Uno de sus colaboradores es el protagonista de la trama, Winston Smith, responsable de reescribir la historia en función de los intereses del presente.’ Y así.
Todo esto viene al caso porque el martes 14 de abril, el Senado de la República Mexicana aprobó la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obligará a la entrega de datos biométricos para poder tener acceso a la comunicación celular.
Esto es: los mexicanos tendremos que entregar casi todos sus datos personales al gobierno y a las empresas de telefonía:
Además de una copia de una identificación (INE) como usualmente se ha hecho y en donde se contienen los datos de quien adquiere el equipo telefónico, ahora tendrán que registrarse las huellas digitales, fotografías del rostro, el iris de los ojos y el tono de voz. Todo para poder comunicarse. De no entregar esta información será negado el equipo y el servicio.
Para justificar este modelo de adquisición de datos personales, el Legislativo dijo que existe un mercado negro de equipos celulares que se utilizan para extorsionar y cometer otros delitos como el secuestro. De tal manera que –dicen- con estos datos será más fácil la localización de quien hubiera cometido estos actos criminales.
Sí es necesario controlar estos delitos. Es necesario parar a la delincuencia que parece no contenerse y que parece tener el control de todo y delinquen con base en el miedo social. Pero este control de datos biométricos de ciudadanos podría ser contraproducente. Y poner aún más en peligro a cada uno. Y no sólo por razones de delincuencia, sino por otro tipo de usos aún insospechados.
Pero especialistas en temas de criminalidad y delincuencia, argumentan en contra. Ha dicho, por ejemplo, Luis Fernando García –director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales: “No existe evidencia de que los registros de tarjetas SIM contribuyan a la reducción de delitos”.
Pero la seducción del gobierno por contar con datos detallados, aún muy personales, de los ciudadanos es constante.
Por ejemplo, en 2008, se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), que fue desechado en 2011 por el casi nulo registro de usuarios. Y así otros casos antes. No obstante, y este es otro argumento en contra del nuevo registro de datos biométricos, la credencial del INE ha sido un instrumento de identificación que contiene la información más detallada de cada uno. Y ha sido utilizada, por años, como identificación válida para trámites diversos.
Datos personales existen en los pasaportes y en otro tipo de identificaciones similares. Por tanto ¿cuál es la real necesidad de recabar esta información que resulta altamente riesgosa para cada uno y para todos, toda vez que nada garantiza que, como ya ha ocurrido con las listas del padrón ciudadano, circulan de forma profusa en el mercado negro? ¿Deveras la intención es puramente de seguridad pública? ¿Qué más hay detrás de esto?
Cada vez más el ciudadano en México parece más expuesto al escrutinio personal para fines ajenos a sus propios intereses. Es cierto que si con esto garantizan que la delincuencia habrá de desaparecer o por lo menos disminuir, podría justificarse en principio; pero ni están garantizando esta merma delincuencial ni garantizan que con esto se contenga.
Por otro lado está el tema de los derechos humanos. El tema de la garantía a la intimidad y a la condición muy personal de las particularidades físicas de cada uno que, de exponerse fuera del ámbito individual, supone un agravio a nuestros derechos humanos. ¿Y qué dice al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en defensa de la sociedad? Silencio.
La lluvia de amparos para evitar aportar esta información y para evitar que se niegue el servicio a la telefonía están ya a la vista. En unos cuantos días han llegado miles de solicitudes de amparos que sin duda se tendrán que otorgar. Y esto tiene un alto costo para todos en recursos públicos y tiempo. ¿A quién le conviene en verdad?
