La represión de la 4T

Antes de llegar a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, además de recorrer el país, encabezó luchas populares en contra del Estado mexicano con una postura dura ante un régimen priísta tibio y medroso.

Enarbolando la bandera perredista, lo mismo encabezó Éxodos por la democracia hacia el entonces llamado Distrito Federal, que realizó plantones en el Zócalo y bloqueos de carreteras federales.

Fue tanto su atrevimiento, que consumó el bloqueo de instalaciones de Petróleos Mexicanos en su estado natal, Tabasco.

Lo cierto es que nunca fue procesado por haber causado daños a la nación. Les había tomado la medida a los gobiernos priístas, principalmente al de Carlos Salinas de Gortari.

Los dichos del pueblo mexicano son sabios, tienen mucho de razón. Uno de ellos, reza así: “No es lo mismo ser borracho que cantinero”.

Y esto viene a colación, porque ahora que López Obrador está en el gobierno de la 4T, la protesta social vive una velada represión, pues en Oaxaca, varios de los opositores al proyecto transístmico están en la cárcel o sufren procesos judiciales.

Pero ahora la represión ha subido de tono. Por ejemplo, el pasado miércoles 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, un grupo de viejos ferrocarrileros que exigían sus derechos laborales, fueron desalojados violentamente por La Marina en Matías Romero. Esto ocurrió cuando se manifestaban en un tramo del tren transístmico.

Echemos un vistazo a estos casos en que la izquierda no se ha mostrado solidaria y que pretende ignorar.

La madrugada del 27 de enero, en un operativo conjunto entre fuerzas policiales y elementos de la Guardia Nacional, fueron sacados violentamente de sus domicilios ocho integrantes del Movimiento Resistencia Civil de Santa María Mixtequilla, los cuales se oponen al despojo gubernamental de 502 hectáreas comunales para construir ahí, un Parque Industrial del Corredor Interoceánico.

Pese a que se mantenían mesas de trabajo con estos comuneros, se llevaron detenidos a los indígenas zapotecos, Adelaido López Gallegos, Armando Sánchez Gómez, Orlando de la Cruz Gallegos, Roberto Vázquez Orozco, Ricardo Vargas Ruiz, Alba Pérez Santana, Albino Palacios Orozco y Jorge Ontiveros Álvarez.

Las personas detenidas fueron trasladadas a instalaciones de la Fiscalía Estatal de Oaxaca, donde un juez de audiencia de control resolvió darles prisión preventiva.

La Fiscalía precisó que, a las personas detenidas en Santa María Mixtequilla, se les podría procesar por incendio, despojo, obstrucción y daño de las vías principales de comunicación. O sea, toda la fuerza del Estado contra campesinos que sólo están haciendo uso de su derecho.

Tras nueve días de ser detenidos, los activistas- ocho hombres y una mujer- la mayoría adultos mayores, fueron vinculados a prisión preventiva por el juez de control de Tanivet.

Los familiares lamentan el actuar parcial y por consigna del juez, pues el delito que se les imputa, aclararon, no requiere necesariamente de la aplicación de la medida de prisión preventiva, pues pueden pasar prisión preventiva domiciliaria, o bien quedar en libertad pagando las supuestas afectaciones que se les acusa, de manera arbitraria.

“Es evidente que la escalada represiva desatada a partir del 27 de enero, además de castigar a los y las integrantes de Resistencia Civil Mixtequillense, busca acabar con todo tipo de oposición a la imposición del Polo de Desarrollo”, precisaron.

Lamentaron la criminalización social que viven los activistas, pues su detención ocurrió en la madrugada y con violencia, lo cual es un ejemplo de una detención arbitraria que violenta sus derechos humanos.

La Red de Resistencia Civil Mixtequillense surgió en el mes de agosto del año pasado derivado un pago en millones por las 502 hectáreas de tierras agrarias que adquirió el gobierno federal para la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico; la exigencia es que se comparta para los 4 mil habitantes y no solo para los 800 comuneros, como lo están considerando.

“Nosotros lo que queremos es que el recurso por el pago de las tierras de uso común se reparta entre nosotros también, la sociedad civil, y no solo en los comuneros, y eso ha sido la confrontación. Además, vemos que 26 pesos el metro cuadrado es una burla. Exigimos al presidente López Obrador reconsidere ese pago. Le enviamos una carta para decirle que queremos un dialogo, pero hay negativa de su parte”, aseguraron.

 

JUICIO DE 14 DÍAS

López Obrador padece ahora, lo que sufrieron los gobiernos priistas a los cuales combatió. Pero es obvio que no quiere opositores de sus proyectos. Quien lo hace, recibe como escarmiento la cárcel.

Este es el caso del campesino integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT, David Hernández Salazar, quien en 14 días un juez lo ha sentenciado a 46 años de cárcel por oponerse a la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en El Pitayal, de Puente Madera, una comunidad que pertenece a San Blas Atempa, del distrito de Tehuantepec. ¿No es esto represión?

Hernández Salazar fue acusado de incendiar los vehículos de un grupo de personas que el 12 de febrero de 2022, ingresaron en tierras de uso común de El Pitayal para medir el terreno, “con el fin de obtener constancias de posesión y acelerar el proceso de apropiación por parte del Corredor Interoceánico”, sin embargo, el agente comunitario no se encontraba en el área donde ocurrió el incendio, de acuerdo con testigos. El juez dice que el detenido tendrá que depositar un millón 100 mil pesos para la reparación del daño, además de una multa de 182 mil pesos.

 

¿GOBIERNO DE IZQUIERDA?

Los integrantes del colectivo Acompañamiento Jurídico y Psicológico por la Dignidad Disidente (COJUDIDI) rechaza que el gobierno de Morena sea de izquierda.

“Un gobierno de izquierda no tortura ni infringe tratos crueles e inhumanos en contra de los compañeros de lucha, como es el caso de Nizayeejh Chávez y otras cinco personas que fueron detenidas durante la marcha contra la gentrificación realizada el pasado 27 de enero en la ciudad de Oaxaca”, señala una de sus integrantes.

Sobre estos casos, extrañamente no han dicho “esta boca es mía”, los llamados “defensores sociales” como Flavio Sosa o el diputado César David Mateos. Acaso, ¿ya no son de izquierda?

O tal vez se han olvidado de las luchas populares, porque ahora sí, “ya comen con manteca”.