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BARATARIA

 


Se debe sancionar saqueo de recursos públicos

 

NOMBRES, Nombres, nombres, es lo que se pediría al titular de la Secretaría de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable luego que señalara ante medios y la ciudadanía que serían sancionados administrativa o penalmente los funcionarios o las empresas constructoras que no solventen observaciones de la entrega-recepción o no terminen las obras para las que fueron contratadas.

¿Cuáles son esas obras? Pues el mal ejecutado Circuito Interior; la inconclusa obra de Símbolos Patrios, la Casa Alas, el Centro Cultural Álvaro Carrillo, la avenida Oaxaca, el Centro de Congresos de Huatulco, todas ellas relacionadas con el uso de 3 mil 500 millones de pesos de deuda autorizada por el Congreso de Oaxaca por 32 de los 42 diputados en octubre de 2019.

En la exposición de motivos y tras el visto bueno, de esos recursos mil 500 millones de pesos se debieron invertir en 118 proyectos en obras sociales, entre ellos: caminos, rehabilitación de inmuebles públicos, proyectos de alumbrado, además de la reubicación de la sede de la 28/a Zona Militar.

Sin embargo, en palabras de Netzahualcóyotl Salvatierra, el decreto cuenta con una cláusula respecto a las obras que permitía al gobierno (en este caso el de Murat) destinar los recursos a otros proyectos en caso de que no se usaran para los planes inicialmente planteados.

El binomio de extitulares de Sinfra: Fabián Herrera Villagómez y Jorge Emilio Iruegas Álvarez; el director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), Adolfo Maldonado Fuentes, nombrado en marzo de 2019; el director general de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas y su antecesora, Laura Vignon Carreño (Sinfra), Javier Lazcano Vargas tendrían que tener sus barbas puestas a remojar, dado que están en la mira por obras mal realizadas, inadecuada aplicación del presupuesto, anomalías administrativas e, incluso, presuntos desvíos.

Días antes del relevo, el jefe de todos ellos les advirtió que dejaran lo más limpia la casa pues no metería las manos por ellos.

Ya incluso bajo el manto protector del muratismo existían indicios de irregularidades; por ejemplo, el ex secretario de Sinfra, Fabián Herrera Villagómez fue denunciado penalmente por el director Jurídico de la dependencia, José Francisco Bautista López por un presunto daño patrimonial por 47 millones 630 mil 326 pesos. Sin embargo, Jorge Emilio Iruegas Álvarez el fiscal Anticorrupción guardó silencio.

Había dos observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por un monto de $25 millones 946 mil 210.76 pesos y otro posible daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de $69 millones 931 mil 164.92 pesos por incumplir la Ley de Disciplina Financiera, pero todo quedó ahí.

En el caso del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física y Educativa (Iocifed), Adolfo Maldonado Fuentes, en una de las comparecencias ante el Congreso, se le señaló anomalías en infraestructura de la Universidad de la Sierra Sur. Ahí se destacó que Oaxaca se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en rezago de infraestructura educativa y se acusó que la dependencia benefició a amigos y constructoras.

Alejandro López Jarquín titular de Iocifed señaló que, tras los sismos, se debió atender a mil 382 obras, pero el gobierno de Murat abandonó 412 y 180 presentan un avance de 10%. Eso, sin duda, también es corrupción dado que no se están aplicando los recursos públicos de manera adecuada u oportuna o, como aseguró el funcionario, las obras se asignaron de manera directa, sin licitación ni concurso, a empresas de Puebla y el Estado de México.

Como sea, las obras inconclusas, la inadecuada o el saqueo de recursos públicos, el incumplimiento de metas y programas deben ser motivo de sanción.

Salvatierra indicó que algunas de las empresas involucradas tienen disponibilidad de concluir las obras como fueron contratadas y solventar las anomalías, en caso contrario, se echaría mano de los depósitos dejados para su ejecución. Es lo menos que podríamos esperar

Hay responsabilidad de quienes contrataron, pagaron, realizaron las obras, las inauguraron inconclusas y/o las recibieron a sabiendas de todas las anomalías o sin una revisión. También ahí debe haber un escarmiento.

Por cierto, luego de una década ¿ya prescribiría la revisión de la obra del paso deprimido, el puente y, en general, el “distribuidor vial” de Cinco Señores? Ahora es otra de las ruinas citadinas, se está cayendo a pedazos y carece del más mínimo mantenimiento.

 

La austeridad Republicana pisa de lujo en Palacio de Gobierno

 

La ex presidenta municipal de San Pedro Pochutla y actual secretario de Turismo, Samy Pineda Velasco pisa, y bien, en Palacio de Gobierno con unas modestas zapatillas Luis Vitton de más de 28 mil pesos. Con un sueldo de 86 mil 611 pesos al mes ¡Claro que le alcanza!