Nochixtlán, la piedra en el zapato de la 4T

El desvío de fondos, actos de corrupción y anomalías en el municipio mixteco de Asunción Nochixtlán durante la administración de “la profesora” y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lizbeth Victoria Huerta, están entre las principales razones detrás de la desaparición de la activista anglo-mexicana, Claudia Uruchurtu, quien había denunciado y presentado pruebas de las anomalías y violaciones a la ley, sobre todo con “obras” no realizadas, mal ejecutadas o por la desaparición de recursos.

Ante ello, toma vital importancia las denuncias presentadas por el actual edil de Nochixtlán, el panista Alfredo Feliciano López Santiago, quien obtuvo la alcaldía tras el voto de castigo a Morena por la “administración” y tropelías cometidas por Huerta y su séquito. El alcalde en funciones “descubrió” una deuda por 18.4 millones de pesos heredada por la indiciada pues esa cantidad “se esfumó” entre 2019 y 2021.

Apenas llegado al puesto, el Servicios de Administración Tributaria (SAT) bloqueó la CDFI del municipio por una multa que enfrentaba el Ayuntamiento, derivado de la falta del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la anterior administración, situación que ya se superó.

Nochixtlán afronta compromisos por pago de laudos, incumplimiento ante el SAR, multa ante la Secretaría del Medio Ambiente y, si, caro lector-lectora, 11 millones 912 mil 415 pesos por el desvío con una obra de drenaje. Solo ese boquete representa el 64% del total de la deuda nochixtleca.

López Santiago dio más detalles de la “ingeniería financiera” de Huerta y su banda para “explicar” el destino de los recursos, como que habían devuelto 5 mdp o 7 millones de la coinversión con el gobierno estatal en una obra de introducción de drenaje en el primer cuadro de esa ciudad, pero que nunca se realizó.

Ante ello, es presumible que una denuncia penal se una al proceso que se lleva contra la ex alcaldesa morenista por la desaparición forzada de Uruchurtu, para lo cual aún hay mar de fondo.

Apenas, Sara Uruchurtu, hermana de la activista desaparecida, había señalado en una entrevista al medio electrónico nacional Aristegui Noticias, los presuntos nexos de la familia política de Huerta con el actual gobierno jarista. Señaló que durante la campaña para reelección de Lizbeth Victoria Huerta, en mayo de 2021, se afirmó que había una campaña de desacreditación por parte de “los conservadores” contra la alcaldesa y fue defendida como una persona “honesta, trabajadora y luchadora social”.

Con la diputada local por Nochixtlán, Tania Caballero, hoy labora una hermana de Lizbeth Victoria Huerta, afirma Sara Uruchurtu; innegable el nexo con el gobierno. Debemos recordar que Tania Caballero Navarro fungió como regidora de Hacienda Municipal durante el desastroso trienio morenista de Oswaldo García Jarquín en Oaxaca de Juárez y algo o mucho debe saber de los desvíos, el desastre financiero, las deudas y corrupción que se han denunciado en la pasada administración capitalina. De la regiduría con García Jarquín brincó a la candidatura a una diputación por Nochixtán que, arrastrada aún por el efecto AMLO, hoy detenta.

RELACIONES PELIGROSAS

Pero en la Mañanera se puso el dedo en la llaga, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó una serie de irregularidades observadas en la sentencia individual de los cuatro implicados en la desaparición forzada de Uruchurtu: la jueza pretendía que el MP señalara contra los acusados la pena por delito de desaparición de personas y no por el de desaparición forzada, reduciendo, con ello, drásticamente la condena.

El cambio implica una diferencia sustantiva, ya que, por el delito de desaparición forzada, la condena va de 40 a 60 años de prisión; mientras que, por el delito de desaparición de personas, la condena es de 2 a 7 años de prisión. O sea, abrirían el camino para una condena laxa en favor de la ex alcaldesa de Nochixtlán. ¿En pago de favores financieros o políticos?

Conocemos cómo se mueve la justicia en México y en Oaxaca. Al parecer, desde Palacio Nacional contuvieron la intención en Oaxaca de desfigurar el proceso. “El caso generó mucha indignación y además está probado y sentenciadas las personas como responsables. Aquí el punto es que, la Jueza no vaya a cambiar el fallo que ella misma determinó. Sería un caso de impunidad”, señaló Mejía.

¿A quién interesa o ha presionado para desmoronar la figura política contra la ex alcadesa Mixteca? ¿Tendremos que quedarnos con la versión de la familia Uruchurtu sobre los nexos del gobierno de Primavera Oaxaqueña con Huerta y sus compinches? Hay otro detalle, en tanto no aparezca el cuerpo de Uruchurtu, es difícil configurar el delito de homicidio, que abonaría y daría un giro a diligencias y acusaciones, impactando en las condenas contra los indiciados.

Afirmaron que eran diferentes, pero no vemos cambios a procesos como el del ataque a la saxofonista María Elena Ríos y el priista Juan Antonio Vera Carrizal o de Ivanna Mingo con el también priista Alfredo Delgado Cervantes y Rebeca Cervantes.

Nada nuevo bajo el Sol.

Y el INE, a La Chin…

Y sí, concretaron el golpe al INE, la desarticulación al servicio electoral de carrera y, con ello, una involución de 30 o 40 años al tinglado democrático de este país que costó mucho dinero, décadas de trabajo, esfuerzos y vidas, incluso de quienes ahora están del otro lado y que, además de no tener progenitora, olvidan la historia.