De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia se define como: el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La clasificación de la OMS, divide la violencia en tres categorías generales, según las características de los que cometen el acto de violencia: la violencia autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones); la violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco); la violencia colectiva (social, política y económica).
La naturaleza de los actos de violencia puede ser: física, sexual, psíquica, lo anteriores incluyen privaciones o descuido.
Tanto en México como en el mundo hemos visto un incremento en los diferentes tipos violencia, a pesar de los esfuerzos para contenerla. La máxima expresión de la violencia es, sin duda, el homicidio.
La declaración conjunta de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que ocurrió en noviembre pasado, alerta que en la región existe “una epidemia de salud pública por violencia armada”. En México esa realidad es latente ante el crecimiento del crimen organizado, los muertos cotidianos, el miedo de la gente ante la inseguridad, el 64.5% de la población considera que su ciudad es insegura. El jueves pasado, el Parlamento Europeo emitió una resolución para condenar “las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”.
Como lo menciona el periodista Carlos Loret de Mola en su artículo “Ante la violencia récord en México no hay estrategia, acciones ni responsables”, publicado en noviembre pasado en el Washington Post, hasta el momento no están claras las estrategias ni las acciones para combatir el problema. Tampoco están claros los responsables, salvo uno: el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha asumido como víctima de todo y responsable de nada. Ha prometido en diversas ocasiones y desde la campaña electoral de 2018, que habrá resultados, bajo la política de “abrazos no balazos”, pero los niveles de violencia han escalado a máximos históricos.
En 2020 fueron asesinadas 35 644 personas en México. De ellas, 88 % fueron hombres, 11 % mujeres y en 1 % de los casos no se pudo identificar el sexo de la víctima. La cifra nacional representó una disminución de un punto porcentual al comparar con el año anterior, y confirma una desaceleración del crecimiento de este fenómeno desde 2019. Sin embargo, la cantidad de casos ocurridos 2020 conformó la tercera cifra histórica más alta desde 1990. México registró 33.308 homicidios dolosos en 2021, una cifra 3,6% inferior a la de los asesinatos registrados el año anterior. La cifra de los años 2020 y 2021 se encuentra sesgada por los efectos de la pandemia, a pesar de ello, los números son altos.
Más allá de soluciones simplistas, Suhayla Bazbaz Kuri, en su artículo publicado en julio de 2018 en la revista “Nexos”, destaca que la prevención de la violencia y la delincuencia se define como “el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan” de acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
La política pública de prevención debe centrarse en determinados tipos de violencia: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial. Así como, en diferentes modalidades de la misma: familiar, laboral, docente, comunitaria, política, feminicida e institucional (Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia).
La política pública de prevención debe tener consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Destaca el derecho a la vida como fundamental para disfrutar de las libertades y de todos los demás derechos. Es deber del Estado garantizar para sus ciudadanos gozar de estos Derechos fundamentales.
