Si hay un sector que, literalmente, puede hacer lo que le plazca: secuestrar autobuses, bajar al pasaje, tomar y saquear vehículos que trasladan mercancía, quemar llantas, pintarrajear edificios históricos y una y mil fechorías, es el reducido grupo de pseudo normalistas que desde hace dos semanas han vuelto a las andadas. Para hacer más patética su protesta, instalaron un plantón en el Centro Histórico de la capital con las consecuentes afectaciones a la economía y la paz social. No es nada nueva su exigencia de que les otorguen plazas docentes, pero sin examen. Ahora exigen 850. Saben que desde que la Secretaría de Educación Pública absorbió el tema de la contratación de nuevos maestros, es obligado presentar un examen, se cogen la razón y buscan, a través del chantaje, la presión y el vandalismo, cobrarle a la ciudadanía su necedad en torcer la ley. A través de grabaciones, videos y fotografías difundidas en redes sociales, se sabe que hay hilos que los mueven políticamente.
No acudir a eventos como toma de camiones y secuestro de unidades utilitarias, para esconderlas en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), que han convertido en madriguera, merece sanciones económicas o que los y las alumnas pierdan sus derechos en caso de que el gobierno doble las manos. Investidos por una coraza de impunidad, estos delincuentes potenciales se han ganado el repudio ciudadano. Apelan sí, al apoyo popular. Pero, desde hace mucho, éste se convirtió en rechazo. Están ciertos de que, desde la presentación del controvertido informe sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, el asunto ha entrado en un impasse. Ya no es tema mediático ni prioridad presidencial. Pese a ello, siguen colgándose del mismo para actuar de manera temeraria y con absoluta impunidad.
Se habla de pláticas en la Secretaría de Educación Pública, pero más, de la omisión del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado (IEEPO) para darle una solución definitiva al problema. El tema de los normalistas se ha convertido en los últimos años, por las razones descritas antes, en una pesadilla para el ciudadano de a pie. Sin embargo, una tarea nada difícil para el aparato estatal es investigar a fondo y dar con los verdaderos titiriteros de este mal llamado movimiento. Con certeza, ahí habrán de aparecen nombres de directores de escuelas normales, ex dirigentes de la Sección 22 y hasta ex funcionarios que ven en el vandalismo y desafíos de estos despistados.
Legislar vs explotación infantil
El pasado sábado, en unos pastizales en la carretera entre Juchitán y El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec, fueron encontrados los cadáveres de una niña de 9 años y su hermano de 7, con evidencias de haber sido asesinados con violencia. Los primeros indicios reportaron que eran vecinos de una colonia popular de Juchitán de Zaragoza, en donde presuntamente padecían maltrato de sus padres, quienes los obligarían a vender dulces y frituras. Este caso tan triste y deleznable despertó una gran indignación en los diversos sectores sociales. Ya es común escuchar en los discursos oficiales esgrimir la defensa de niños, niñas y adolescentes, incluso operan áreas de ciertas dependencias que tienen bajo su responsabilidad este tema. Hay una Fiscalía Especializada. Y oficinas en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que actúan en consecuencia ante malos tratos o trata de menores.
El tema del trabajo infantil no es algo simple. Genera controversias. Desde aquellos menores que coadyuvan bajo la vigilancia de los padres a la economía familiar, hasta quienes son obligados a llevar dinero a casa, para alimentar a padres vividores. Sin embargo, pese a leyes y reglamentos sobre la explotación infantil, ésta sigue. Hoy mismo, en la capital oaxaqueña, se ven de nuevo a menores indígenas chiapanecos, tzeltales y tzotziles, pidiendo la moneda. Unas niñas, cargando a bebés en la espalda. Hace algunos años se descubrió un lugar en donde muchos de estos chicos vivían hacinados, explotados por enganchadores de su misma etnia que los traían de Chiapas con engaños a explotarlos laboralmente. Es una especie de trata de personas, más grave en tanto se refiere a menores de edad. Es obvio que no estamos descubriendo el hilo negro.
La explotación del trabajo infantil –como ya hemos dicho- es una vieja historia. Padres o madres, no necesariamente alcohólicos o viciosos lo siguen haciendo hoy en día, con absoluta impunidad. Sin embargo, el ominoso caso de los menores asesinados en el Istmo debe reabrir la discusión sobre el posible endurecimiento de las leyes en materia de protección a la infancia. Este caso debe discutirse también en el ámbito legislativo. Eso aparte de que las investigaciones ministeriales revelen móviles y responsables de este crimen. Es prematuro adelantar vísperas e hipótesis, pero lo que no debe estar al margen, es la premisa de darles a niños y niñas la posibilidad de una vida digna, aunque a veces –es nuestra triste realidad- amenazada por poderes fácticos que siguen segando vidas inocentes.
