Más endeudamiento
Nada agradable fue para los citadinos escuchar de parte del presidente municipal de la capital, Francisco Martínez Neri, que ante la situación financiera que enfrenta el gobierno local, se prevé la necesidad de solicitar préstamos de la banca privada. Ello, además de lo que ya se ha solicitado. Sin embargo, a la fecha nada se sabe de sanciones, inhabilitación o procesos resarcitorios hacia el responsable del quebranto económico, que es justamente, el anterior edil, Oswaldo García Jarquín. Lo que se observa es una tendencia nociva a seguir encubriendo al mismo. Se ha dicho que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), llevan avances importantes en las auditorías al gobierno municipal anterior, sin embargo, ello no cambia las cosas, dado que prioridades como las que en campaña manifestó el actual presidente municipal, no se pueden llevar a cabo.
Mucho se ha criticado, por ejemplo, que no haya habido un informe sobre lo realizado en los primeros cien días de gobierno. Cuando se le cuestionó sobre el tema, Martínez Neri respondió que lo haría, primero pasando la Semana Santa y, posteriormente, luego de la jornada electoral del 5 de junio. Hasta el momento nada se ha concretado. Todo lo hecho hasta el momento, acciones bastante limitadas, han sido sobre cuestiones elementales como bacheo, limpieza de mercados y otros. Pero nada relevante. En efecto, la falta de recursos es fundamental para desplegar un plan de desarrollo municipal del que, por cierto, nada se sabe, habida cuenta que tampoco el edil lo ha mencionado. Ello implica que en la actual administración municipal prevalece la improvisación y el “ahí se va”, sin un plan rector que sea la guía en los procedimientos de planeación, como fue en la hegemonía priista.
En el pasado, la casi extinta Ley Estatal de Planeación, demandaba de gobiernos estatales y municipales la elaboración de sus respectivos planes de desarrollo. Cada gobierno entrante presentaba a veces en el período de los cien primeros días, su plan estatal sexenal, que le serviría de guía para su gestión. De igual forma, los ediles hacían lo propio, sobre todo en la capital y las principales ciudades del estado. Eran todo un acontecimiento, pues hasta había ceremonias a las que se convocaba a todos los sectores sociales y productivos. La elaboración de los programas y planes de desarrollo era en base a la demanda expuesta en foros regionales o municipales, a lo largo de las campañas políticas.
Sólo buenas intenciones
En la LXIV Legislatura del Estado, a bote pronto se aprobaron varias leyes que, en su momento criticamos, dado que más que viables eran para lucimiento personal de los y las legisladoras que las propusieron. Una de ellas, la ley sobre residuos sólidos, que prohibía la comercialización y el uso de envases de PET, unicel y otros, que tanto afectan al medio ambiente. Otra más fue la llamada ley anti-chatarra. Ésta, según el texto, prohíbe la venta, obsequio o adquisición de refrescos de alto contenido de azúcares, además de frituras a menores de edad, factores de una mala alimentación y sobrepeso. Justo cuando se discutía, en este mismo espacio editorial advertimos que, aprobarla en pleno pico de la pandemia representaría un golpe severo a la economía popular, particularmente de pequeñas misceláneas o negocios familiares. Nadie escuchó en la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la ley se aprobó. Hoy es letra muerta.
Ambas pues, fueron sólo buenas intenciones, dado que no se han aplicado. Una, a casi tres años de haberse aprobado; la otra, a poco más de un año. Es posible que la intención de la ex diputada local que propuso ambas haya sido buena, aunque –insistimos- pudo más el protagonismo, sin embargo de nada sirve si ambas leyes no tienen vigencia en la realidad. Para curarse en salud, posteriormente se quería otorgar la responsabilidad de su aplicación a la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), cuya estructura nada tiene que ver con imponer sanciones o acciones punitivas a la ciudadanía. El caso es que las citadas normas fueron sólo una ficción o un instrumento mediático, dado que la legislatura que las aprobó fue calificada como la más onerosa, improductiva y rapaz en la historia política oaxaqueña.
Por otra parte, y, hablando en el entorno del medio ambiente, es importante subrayar que algo que tampoco se ha aplicado es el llamado del gobierno de Oaxaca de Juárez para que la ciudadanía separe la basura que deposita en los camiones recolectores, en “orgánica” e “inorgánica”. La mayor parte de los usuarios la deposita tal cual la recoge. Una más: la presunta aplicación de la ley a quien arroje desechos en la vía pública, tal parece que fue sólo una llamarada de petate. Se siguen observando en calles y banquetas del Centro Histórico o de colonias populosas dicha aberrante costumbre.
