Crónica de una sesión de alta grilla jurídica

Con sus votos firmes, enredados, dubitativos o contradictorios, los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomaron definiciones que marcarán el rumbo económico y jurídico del gobierno y su relación con las inversiones privadas nacionales y extranjeras. Protagonistas de una coyuntura donde no hay lugar para la conciliación, nuestros ministros tampoco lograron escapar de la polarización en la que nos metió el actual sexenio.

Así que los cuatro ministros que le dieron validez a toda la Ley de la Industria Eléctrica, optaron por la prolongación de un pleito de consecuencias inciertas entre empresarios de Estados Unidos y España que reclamarán indemnizaciones.

Y cuando se exija el fin de los amparos de quienes lograron evitar las nuevas reglas del despacho, bajo el argumento de que incumplen los contratos originales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pedirá a los jueces que atiendan los alegatos de los ministros Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Loretta Ortiz Ahlf y Arturo Zaldívar.

De igual modo, además de cuestionar los componentes de la llamada ley Bartlett que consideran contrarios a la Constitución, los otros siete ministros asumieron la ruta del enfrentamiento que seguirá atizándose cuando los inconformes reclamen su derecho a la libre competencia, a un medio ambiente sano, a energías limpias y a mercados sin monopolios. Y activistas o empresarios exigirán justicia en los tribunales, amparados en planteamientos pronunciados por Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez, Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán, Norma Piña y Margarita Ríos Farjat y que jugarán en contra de la CFE.

Por supuesto que las divisiones en la SCJN no son nuevas. Las hubo históricos con la liberación de Florence Cassez, la tragedia de la Guardería ABC y la despenalización del aborto dos sexenios atrás.

Tampoco las presiones del gobierno en turno son novedad, como ahora se cuenta que hubo sobre Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó la Corte este miércoles.

Lo que salta como signo de este autoproclamado cambio de régimen es que abierta y deliberadamente atestiguamos el éxito del ministro presidente en el trazo de un camino de validación constitucional de las rupturas que el gobierno impulsa y que le dan la espalda a pactos y acuerdos que en el pasado inmediato construyeron diversas fuerzas políticas. Este jueves fueron los órganos reguladores autónomos y la economía mixta adversa a los monopolios. ¿Será que pronto lo hará contra el Instituto Nacional Electoral (INE)?

Y es que Arturo Zaldívar operó, a la luz de millones que seguían la sesión, para evitar los fatídicos ocho votos que habrían invalidado la cancelación de los certificados de energías limpias, al reinterpretar el pronunciamiento de González Alcántara.

Hizo más el presidente del Poder Judicial: se sumó las veces que pudo a los argumentos de su posible relevo en diciembre próximo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, nieto del secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, en los años 60, un parentesco que el presidente López Obrador exaltó ayer tanto como el aval que le dio a la Ley Bartlett.

Pero fue más allá el ministro Zaldívar: nos ofreció una reflexión política sobre la legitimidad que tienen las mayorías legislativas gobernantes para interpretar la Constitución, afirmando que ésta no impone un modelo económico por encima de otro ni da prioridad a los mercados, pero sí a la justicia social.

“La Constitución no habla de orden de despacho, costos marginales, contratos legados ni subastas”, ironizó en referencia a quienes habían defendido esos mecanismos que dejó la reforma energética de 2013.

En contraste, Pérez Dayán, Laynez, Pardo y Piña defendieron con la misma firmeza los derechos constitucionales que no pueden quedar diluidos por una ley secundaria.

Fue un debate que permitió conocer el nivel de cercanía de los ministros con la retórica gubernamental, llevándose las palmas Yasmín Esquivel, después de la autora del proyecto que cobijó la ley Bartlett, Loretta Ortiz, ambas propuestas a la Corte por el presidente López Obrador.

Una sesión que evidenció que González Alcántara y Ríos Farjat, igualmente nombrados en esta administración, son el fiel de la balanza y lo serán para definir el relevo en la presidencia de la SCJN.

Una jornada donde destacaron la templanza del ministro Zaldívar –a quien el Presidente de la República quería en ese cargo hasta el 2024– y la reciedumbre de la ministra Norma Piña, votando en contra, sin titubeos y marcando uno de los momentos kafkianos –así calificaron a la sesión los investigadores Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes– en que Gutiérrez Ortiz Mena votó por la validez de una consideración que antes había invalidado, una maroma que contribuyó a concretar la meta de Palacio Nacional: que ningún artículo de la ley quedará muerto. 

Y aunque pretendieron hacernos creer que actúan al margen de preferencias políticas, los ministros hicieron esta semana alta grilla de Estado.