Embate a universidades, investigadores y centros de investigación
Desde 2019, la 4T abrió un frente contra las universidades, tanto públicas como privadas, así como contra investigadores y centros de investigación.
De acuerdo a Fidel Ibarra López, la grave situación financiera en que se encuentran 11 universidades públicas en México, las sitúa en una condición de debilidad política frente al gobierno federal. Condición que al parecer pretende aprovechar la Secretaría de Educación Pública a través de la SHCP para establecer un “cambio estructural” a las autoridades universitarias, el cual se traduce en un “programa de disciplina financiera”. A propósito de las manifestaciones que se presentaron por parte de trabajadores universitarios de 24 universidades públicas en el mes de diciembre de 2019 con respecto a la discusión del presupuesto del presupuesto público del 2020, el presidente señaló que las universidades tendrían que ser “austeras” en el 2020 y que se les iba a aumentar el presupuesto con base al porcentaje de la inflación del 2019; esto es, que no se les iba a dar más presupuesto.
El conflicto de la 4T con las universidades muestra sus indicios desde enero del año pasado cuando el Conacyt empezó a circular su proyecto de Ley General de Humanidades, e Innovación. Ahí quedo claro que la intención es tomar el control de las universidades públicas, aunque también se busca intervenir en las privadas, y toda la investigación científica que tuviera recursos federales.
En septiembre, se buscó encarcelar en un penal de alta seguridad a 31 investigadores y ex funcionarios de Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; así como una confrontación legal-laboral por la integración y posterior desconocimiento del sindicato de investigadores del sistema Cátedras Conacyt. Adicionalmente, se presentaron una reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y cambios en asignaciones para becas.
Actualmente el CIDE mantiene un conflicto que derivó en la toma de las instalaciones de esa institución, desde el 29 de noviembre pasado, por la cuestionada designación de su nuevo director general, José Antonio Romero Tellaeche, violando los procedimientos que marcan las normas internas. Desde hace meses el CIDE ha sido objeto de críticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha descalificado públicamente, y de manera reiterada.
El presidente se lanzó en contra de la UNAM. Para él, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se volvió individualista y se sometió a la política neoliberal; sin embargo, tanto él como varios de sus funcionarios egresaron de esa institución. Durante varios días consecutivos, el titular del Ejecutivo federal criticó a la máxima casa de estudios, al considerar que durante los sexenios pasados “se derechizó”.
En el caso de la Universidad de las Américas, la cual fue ocupada policialmente, involucra al Fiscal General de la Republica, Gertz Manero, quien es dueño y rector de la Universidad de las Américas Ciudad de México y quien, se dice que apoyaría a Guillermo Jenkins de Landa, con el fin de quedarse con el control de la Universidad de las Américas Puebla. Gertz Manero ha mantenido una disputa con la UDLAP por el nombre, logo y lema de la institución; un conflicto en el que parece como rector y propietario de la Universidad de las Américas A.C., y en el que el representante legal de esta institución, con sede en la CDMX, sigue siendo incluso Juan Ramón López, quien es el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
El Presidente se lanzó también en contra del Tecnológico de Monterrey a quien acusó de despedir a maestros de su planta docente en diciembre pasado para no pagarles prestaciones y recontratarlos a inicios de este año.
Lo que actualmente pasa en las universidades tiene un paralelismo con lo sucedido en los años setenta, cuando desde el poder se fomentaron radicalismos ideológicos de corte socialista en las universidades que derivo en convulsiones internas y división.
Algunos académicos piensan que se está empezando a implementar un modelo populista para atacar la libertad de pensamiento y los salarios competitivos, tal como está pasando en otros regímenes similares.
Hoy parece que la autonomía universitaria, las libertades de catedra, de investigación, de trabajo, y hasta de libre empresa están siendo amenazadas desde el poder.
