Un mal precedente | El Imparcial de Oaxaca
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Editorial

Un mal precedente

 


Luego de su instalación formal y conforme a lo que establece nuestra Constitución, desde el sábado 13 de noviembre inició funciones la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado. El 15 del mismo mes, en el recinto que la alberga se recibió de manera formal el documento oficial del V Informe de Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa. Discursos y mensajes en el inicio del primer período ordinario de sesiones. Sin embargo, en la siguiente sesión, la insistencia del ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Samuel Gurrión Matías, hoy convertido al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de formar una bancada con su nueva compañera, Eva Diego Cruz, desató un intercambio de insultos, calificativos y señalamientos entre dicho legislador y su ex correligionario, Fredy Gil Pineda Gopar, que puso al Poder Legislativo en el ojo de la crítica y la descalificación.

Hay que recordar que esta legislatura tiene como antecedente la que fue calificada como la peor en la historia política de la entidad. Onerosa, improductiva y voraz, fueron algunos de los calificativos que se le acuñaron. Pero tal parece que ello no ha hecho mella ni en la decena de diputados (as) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que fueron reelegidos ni, mucho menos, en aquellos que recién se estrenan, pues aquello que la ciudadanía oaxaqueña espera es madurez, civilidad y responsabilidad institucional y no que el recinto legislativo sea una arena pueblerina. Es evidente que poco se puede esperar de un poder que, como ya hemos dicho, ha devenido una Cueva de Alí Babá, que en el pasado reciente se olvidó de legislar pero no de exigir obras, cochupos y recursos a granel. De un poder soberano en donde la austeridad fue, simplemente, letra muerta.

De no resolverse los diferendos por la vía institucional y conforme a los cánones que dicta el quehacer legislativo serio y tolerante, poco podemos esperar los oaxaqueños. El riesgo de que esta legislatura sea copia fiel de la anterior y que, como ya se sabe, lo que prevalecen son los intereses económicos, es inminente. La semana anterior, el ejecutivo estatal envió una iniciativa con proyecto de decreto, como dijimos ayer, para solicitar contraer deuda por 1 mil 534 millones. Ya veremos cuánto más nos cuesta por el abominable “pago por evento”, al que ya se habituaron nuestras lumbreras legislativas.

 

Obligada austeridad

 

Cuando el gobernador Alejandro Murat anunció que el gobierno federal había reducido en al menos 1 mil 600 millones de pesos el presupuesto asignado a Oaxaca, dejó entrever la urgencia de realizar ahorros e instrumentar medidas de austeridad. Todo ello quedó claro entre las áreas del Poder Ejecutivo. Recientemente, se dijo lo mismo en torno al Presupuesto Estatal 2022. Se espera que no ocurra como en el pasado inmediato, en que tal parece que dichas medidas no pasaron por el Poder Legislativo, que terminó su gestión con un gasto mayor a los 2 mil millones de pesos durante el trienio que estuvo en funciones. El dispendio, los gastos innecesarios, los pagos millonarios para asesores, secretarios particulares y otros, siguió viento en popa. Nada inhibió a nuestra flamante camada de diputados y diputadas a apretarse el cinturón. Gastaron a manos llenas y sin restricción alguna.

Ya son parte del anécdota político las buenas intenciones que se ventilaron en noviembre de 2018, por parte de un grupo pequeño de legisladoras de Morena, encabezadas justamente por quien hoy repite como presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Laura Estrada Mauro, en torno a aplicar estrictas medidas de austeridad. Se proponían hacer una mala copia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: no a gastos innecesarios, ni dispendio en vehículos oficiales, telefonía celular, remodelación de oficinas, viajes, etc. El afán no les tardó ni un mes. Cuando se sentaron bien en la curul, como es el caso de la diputada ya mencionada, metieron a toda la familia en la nómina y se dedicaron no a legislar, sino a lucrar con el cargo, apropiándose de las obras de municipios y agencias en sus respectivos distritos. Es obvio que esos vicios estarán de nuevo a tambor batiente en la LXV Legislatura.

Sin embargo hay ahí caras nuevas, como son los casos de las diputadas Mariana Benítez Tiburcio, Gabriela Pérez López, Lizbeth Concha o Eduardo Rojas Zavaleta, entre otros noveles legisladores en los que se percibe hoy en día, nula contaminación de vicios. Ojalá que sean quienes le impongan al Congreso local una nueva imagen; una nueva ruta de responsabilidad y no la deteriorada imagen que nos han dejado las anteriores. No puede haber –ya lo hemos dicho- diputados ricos que se despachen a placer del erario público y un pueblo pobre, con grandes necesidades. Eso es una aberración desde el punto de vista que quiera verse.