Con la determinación de la Profeco para detener la venta de veinte quesos del mercado, perteneciente a diecinueve marcas de distribución nacional, se dio por primera vez una medida de largo alcance para exigir a las grandes industrias de alimentos que cumplan con estándares mínimos de contenidos y calidad (https://cnn.it/349bEB7).
Esta acción se realizó bajo el amparo de la nueva Ley de infraestructura de la calidad, misma que fue aprobada y promulgada sin fanfarrias durante la primera parte del año, y tiene por objetivo establecer mecanismos que permitan la normalización y estandarización de procesos industriales en nuestro país. La norma tiene un amplísimo alcance, pues tiene incidencia en cualquier rama industrial, incluida, ahora la de los alimentos.
El quesogate ocupó buena parte de la conversación de la semana pasada, pues es un alimento que las y los mexicanos consumimos de manera cotidiana, calculándose que consumimos hasta seis kilos de queso al año (https://bit.ly/356W3Bl). No obstante, el impacto de la noticia fue diverso, dependiendo de la región del país. Por ejemplo, en Oaxaca, la amenaza de la inmovilización de las marcas fue desestimada, al contar en este estado con una importante producción de quesos de buena calidad que satisfacen la demanda local.
El problema surge cuando te criaste en grandes centros urbanos y sus zonas metropolitanas. Si uno no tuvo la fortuna de crecer en un entorno donde la producción de alimentos es local, muy probablemente el único queso que conoces es uno de las marcas afectadas por la inmovilización decretada la semana pasada; marcas que fueron sancionadas por declarar ser quesos hechos con cien por ciento leche y en realidad ocupar grasas vegetales y harinas proteínicas para suplirla.
Asimismo, cuando la producción de este tipo de productos no es local, poder conseguirlo en los centros urbanos y zonas metropolitanos implican un costo de traslado que encarece su precio final y lo hace inaccesible para grandes sectores de la población frente a los precios que pueden ofrecer las grandes industrias en productos que no siempre -como en el presente caso- garantizan su calidad.
Es decir, al final es un problema de coste y disponibilidad.
Si bien podría parecer un tema menor, la pandemia que hoy enfrentamos como humanidad es un recordatorio de que la salud es un sector importante de política pública que hay que priorizar ante muchos otros caprichos de las y los gobernantes en turno.
Justamente, la revista científica The Lancet publicó que la pandemia de COVID-19 no es sino una emergencia de salud aguda por sobre una crónica, a raíz de que la alta prevalencia de obesidad y diabetes en el mundo ha agravado el riesgo que el nuevo patógeno descubierto en Wuhan representa para el mundo (https://bit.ly/37gO2w4).
El consumo de las grasas y aditivos en las comidas ultraprocesadas tienen impacto precisamente en este tipo de enfermedades crónicas, por lo que resulta indispensable que la cruzada de la Profeco y el Gobierno de México para exigir a las industrias alimenticias rindan cuentas y adopten rigurosas medidas para garantizar la calidad de sus productos no quede en una anécdota sobre el quesogate.
Es cierto, los consumidores tenemos la obligación de informarnos mejor sobre nuestros consumos, mas este deber resulta imposible si la información -para empezar- no existe. Exigir la aplicación de la Ley de infraestructura de la calidad es un buen comienzo para poder llenar este vacío. Exijamos más y exijamos mejor.
@GalateaSwanson
