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El derrame del pozo que acopia los residuos industriales, altamente contaminantes de la minera Cuzcatlán en San José del Progreso, el mes pasado, prendió los focos rojos que confirman el gran riesgo que significa la explotación de yacimientos de oro y plata en ese pueblo del Valle de Ocotlán.

La emergencia provocada por el derrame de residuos mineros aviva la inquietud de las autoridades municipales y agrarias de los distritos serranos de Ixtlán y Villa Alta que han conformado un frente de pueblos antiminas. También desaprueban proyectos que contempla el próximo gobierno federal si, previamente, no son consensados.

De acuerdo a la información del colega Pedro Matías, en un reporte a la agencia Proceso, se han unido16 Ayuntamientos y Comisariados de bienes comunales de la Sierra Juárez, para impedir que, en su territorio zapoteco, haya explotaciones mineras que, más que desarrollo, traerán incertidumbre para la flora y la fauna. Hablan también de no autorizar megaproyectos sin consenso previo, y la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de mantener en su gabinete a Víctor Manuel Villalobos, nominado por el tabasqueño para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) a quien acusan de ser un promotor de empresas pro transgénicos.

Acordaron también sumarse al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras a las cuales la Secretaría de Economía ha entregado concesiones mineras sobre más de 25 mil hectáreas de esa región serrana.
La cruzada empezó hace dos meses en el Primer Encuentro Regional de comunidades de la Sierra Juárez en defensa del Territorio. Reflexionaron sobre los posibles impactos que podrían causar los megaproyectos que se pretenden implementar en su región, así como articular esfuerzos para la defensa de su territorio.

El anuncio no es solo advertencia. Es una decisión aprobada por las autoridades municipales y comunales de Guelatao de Juárez, San Bartolomé Yatoni, San Juan Chicomezuchil, San Juan JuquilaVijanos, San Juan Tabaa, San Juan Tepanzacoalco, San Miguel Tiltepec, San Miguel Yotao, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Yahuio, Santa Cruz Yagavila, Santa María Josaa, Santiago Lalopa, Santo Domingo Cacalotepec, Tanetze de Zaragoza, Villa Talea de Castro. Los participantes reflexionaron acerca de la estela de “megaproyectos que han dejado tras de sí los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN”. No vamos a permitir que el próximo gobierno autorice obras que pueden afectar seriamente a nuestras comunidades, dijeron.
Resaltaron que desde el año 2010, sin informar a las comunidades afectadas y sin pedirles su consentimiento, la Secretaría de Economía ha entregado concesiones mineras sobre más de 25 mil hectáreas de su región, entre otras a una empresa canadienses por más de 15 mil hectáreas, con el fin de explotar principalmente oro y plata. Desde entonces, a espaldas de los pueblos, han hecho reducciones o ampliaciones de las concesiones, sin que tampoco se haya proporcionado información a las comunidades, puntualizaron.

Otras informaciones que pusieron sobre aviso a los representantes de esos pueblos, se refieren a documentos públicos de la Secretaría de Energía que proyecta presas sobre los Ríos Cajonos, Grande, Soyolapam y Valle Nacional, entre otros, sin que las comunidades que pueden ver afectadas sus tierras por las inundaciones tengan.

Villalobos, indeseable

Sobre la designación de Víctor Villalobos como titular de la Sagarpa, explicaron que “desde el año 2001 se detectó la contaminación de nuestros maíces nativos por transgénicos, sin que hasta la fecha los gobiernos estatal y federal hayan realizado alguna acción para frenar el proceso de contaminación, siendo que desde ese entonces el personaje (Víctor Villalobos) que actualmente ha sido propuesto como secretario de Agricultura, en lugar de promover políticas públicas para erradicar la contaminación apoyó a las empresas pro transgénicos tanto en el ámbito nacional como en el internacional para promover legislación favorable a sus intereses”.

El salto del chapulín
Al finalizar su congreso nacional realizado el pasado fin de semana en Puebla, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), por unanimidad decidieron buscar la garantía federal del Secreto Profesional del Periodista. Un paso definitivo para la Libertad de Expresión.

Antes, aprobaron por unanimidad, reconocer al diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, por establecer en la primigenia Constitución Política de la Ciudad de México, la garantía del Secreto Profesional periodístico.

La siguiente tarea de los directivos de la Fapermex y sus filiales como el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, es proponer la incorporación a nivel federal la mencionada garantía, al igual que otros beneficios adicionales para el gremio periodístico en nuestra Carta Magna.

Otro acuerdo relevante, plasmado en la Declaración Puebla, fue continuar con la defensa a la libre expresión y el derecho a la información, además de reclamar la ejecución y cumplimiento de justicia a los asesinatos cometidos de 1983 a la fecha que suman 302: 264 periodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de prensa; 14 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles; a las 28 desapariciones forzadas sin aclaración alguna y demás agravios a las libertades de prensa y expresión, así como el derecho a la información.

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