La Procuraduría Agraria en Oaxaca deberá lanzar la convocatoria para que después de varias décadas, los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán puedan elegir a sus representantes.
Después de 15 años de lucha en los Tribunales, el núcleo agrario de Santo Domingo Ixcatlán logró que la Procuraduría Agraria fije las convocatorias para la elección democrática de sus órganos de representación y vigilancia a celebrarse el 30 de abril de 2022, añadió Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
Comentó que la víspera el presidente de la Procuraduría Agraria (PA) en Tlaxiaco, Federico Avendaño Hernández, y la visitadora agraria fijaron en las agencias de policía y núcleos rurales, la primera convocatoria para que se realice la asamblea general de comuneros.
Esto, para la elección del comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, que tendrá verificativo el día sábado 30 de abril de 2022 a las 10 horas, en el lugar que ocupa la explanada municipal.
Respaldado por las autoridades Juan Santiago García, Aarón García Maldonado indicó que el acto democrático no había sido posible efectuarse, debido a la corrupción entre funcionarios de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y personal del gobierno del estado de Oaxaca.
Quienes –enfatizó– habían maquinado, en complicidad con personas no originarias del núcleo agrario, la venta del territorio ancestral indígena del poblado de Santo Domingo Ixcatlán a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER).
Subrayó que ese fue el móvil para cometer diversos ilícitos como homicidios, elecciones fraudulentas para el nombramiento del comisariado, muerte legal de comuneros, falsificación de todo tipo de documentos, entre otros.
Sin embargo, reconoció que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46 con sede en Huajuapan de León Oaxaca declaró nulos de pleno derecho todos los actos elaborados de forma irregular.
De donde, después de 15 años, se consiguió que la Procuraduría Agraria convoque a todos los comuneros con derecho legalmente reconocidos para que se reúnan en asamblea general y decidan de forma libre quiénes serán las personas que los representen.
Afirmó que ese fue uno de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para resarcir los daños causados por haber declarado falsamente la muerte legal de mil 13 comuneros del núcleo agrario.
