A pesar que el fondo de pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra en quiebra, durante los últimos tres sexenios se entregaron 6 mil 619 bases para trabajadores en la administración pública estatal.
En el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz se entregaron mil 864 bases, en tanto en la administración de Gabino Cué Monteagudo se entregaron 3 mil 363 y en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa fueron mil 392, cuando por acuerdo con el sindicato cada año se deben entregar 35 y cada sexenio al menos 210.
Por ello, la base trabajadora con que cuenta el gobierno estatal alcanza ya las 20 mil 823 plazas, de las cuales 13 mil 356 son de base y 7 mil 467 de otras modalidades, en tanto el número de pensionados son 5 mil 508.
Para estos 5 mil 508 pensionados, se requiere de un presupuesto anual de mil 792 millones de pesos, sin embargo, con los descuentos quincenales y mensuales que se les realiza a las y los trabajadores apenas suman 265 millones de pesos al año, mientras el patrón que es el gobierno aporta 720 millones de pesos para un total de 985 millones de pesos.
En ese contexto, el secretario de Finanzas, Farid Acevedo López, informó que en este año el gobierno estatal tendrá que aportar recursos extraordinarios por 807 millones de pesos para rescatar el fondo de pensiones que actualmente se encuentra en una situación de quiebra presupuestal.
Al presentar una proyección sobre el costo que representa este fondo de pensiones, señaló que para el 2025 se requerirán 880 millones de pesos (mdp) en recursos extraordinarios, para el 2026 el monto extraordinario será de 990 mdp, para el 2027 las aportaciones extraordinarias serán de mil 114 mdp y para el 2028 de mil 254 mdp.
Explicó que estos recursos extraordinarios se pueden absorber actualmente de las participaciones porque la entidad cuenta con finanzas sanas, pero de haber recortes se comprometerían otros rubros que podrían afectar los recursos públicos.
Las autoridades estatales señalaron que por esta situación se hace necesario la revisión de las plazas, ya que de mantener la supresión de las bases que se contemplaron en el decreto aprobado por la cámara de diputados, se generaría un ahorro anual de 500 millones de pesos.
