De acuerdo con los datos del cuaderno mensual del mes de enero del 2022 que elaboró el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet), en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado de Oaxaca, había una población de 4 mil 118 internos, de los cuales 2 mil 464 se encontraban en calidad de procesados.
Del fuero común se contabilizaron 2 mil 301 hombres como procesados y 111 mujeres, en su gran mayoría indígenas originarios de las diferentes comunidades de la entidad, en tanto por el fuero federal también había 21 hombres y 31 mujeres quienes aún se encuentran en calidad de prisión preventiva.
Con el proyecto piloto que anunció el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para revisar los casos de mujeres y hombres indígenas que se encuentran en los penales locales de los estados de Oaxaca y Chiapas, defensores de derechos humanos consideraron viable esta iniciativa.
Gerardo Martínez Ortega, director jurídico y de litigio de Cepiadet, destacó que en la entidad oaxaqueña existen casos en donde las mujeres y hombres indígenas han pasado en prisión preventiva hasta más de 10 años, cuando la ley señala que no debe abusarse con más de dos años.
Revisar los casos de las y los indígenas que se encuentran privados de su libertad, es lo menos que podrían hacer las autoridades encargadas de impartir justicia en el país, eso es apenas una medida que puede contribuir a evitar violaciones a los derechos humanos de las personas indígenas sobre todo de las mujeres”.
Detalló que Cepiadet ha conocido casos como el de Adela García Carrizosa, quien fue detenida en 2009 y hasta el 2019 fue liberada gracias a la labor de defensa que realizó el Centro Indígena de Asesoría, “pero en el caso de Marcelino García García, que fue detenido en el 2009, todavía sigue privado de su libertad”.
El estado mexicano le ha fallado a las personas indígenas y como consecuencia de ello deben reparar el daño a sus derechos humanos dándoles la libertad, pero lo tienen que hacer defensores con independencia porque en los fueros locales los defensores no han hecho su trabajo y ellos mismos han violentado los derechos humanos de los indígenas”.
En ese sentido, Gerardo Martínez calificó como viable el proyecto de la Suprema Corte, por lo que consideró que es urgente y necesario que se avance en estados como Oaxaca y Chiapas donde existe un rezago en el sistema de procuración de justicia y se ha abusado de la prisión preventiva.
