Organizaciones de la sociedad civil del estado y con presencia nacional advierten sobre el deficiente diálogo entre gobierno y comunidades indígenas, de cara a la puesta en marcha de proyectos como el Tren Transístmico y el Plan Nacional de Infraestructura Carretero.
Desde el próximo viernes y hasta el domingo, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador encabezará eventos públicos tanto en la capital del estado como en la Sierra Norte, Mixe y el Istmo de Tehuantepec.
“Observamos una gran deficiencia de diálogo genuino con los pueblos y las comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos, así como con las organizaciones civiles que les acompañan en la defensa de sus territorios”, dicen en el comunicado.
El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y Defensores Comunitarios del Istmo de Tehuantepec, externan su preocupación frente a las acciones de López Obrador respecto de nuevos proyectos de inversión de grandes dimensiones que se contraponen con el derecho a la libre determinación de los pueblos.
Recuerdan que en los últimos años se ha observado el surgimiento de numerosos procesos de defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales de pueblos y comunidades a lo largo y ancho del país, como consecuencia de las reformas estructurales que privilegian los intereses de la iniciativa privada antes del respeto de los derechos humanos de los pueblos y comunidades.
Recuerdan que en las últimas semanas han sido testigos de la realización de una Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, así como de la Consulta Nacional sobre los Programas Prioritarios.
Cuestionan que se discutan proyectos de enormes dimensiones, sin que se hayan cumplido con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas a que está compelido el Estado mexicano.
Refrendan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la existencia de la normatividad en materia de libre determinación, del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado que tienen los pueblos y comunidades en méxico, mismos que están contemplados en la Constitución.
Así como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas.
Pedir permiso a las comunidades
Asimismo, defensores comunitarios del Istmo de Tehuantepec consideraron que el presidente de la República no solo debe pedir permiso a la Tierra para la instalación o puesta en marcha de un “megaproyecto” sino “pedir permiso” a los pueblos indígenas que anhelan una consulta libre, previa e informada.
Al respecto, Mariano López Gómez, defensor e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), expuso que primero debe ir la consulta a los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales que México ha ratificado y después todo acto de folklor, además de priorizar en el tema del impacto ambiental.
En una postura adoptada también por Carlos Beas Torres asesor de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y Norberto Altamirano, vocero de los comuneros de Unión Hidalgo, quienes añadieron que el gobierno federal ha institucionalizado la violación a las consultas indígenas.
