A pesar de tener señalamientos por sobreprecio en los trabajos efectuados en el Auditorio Guelaguetza en la pasada administración estatal, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) asignó contratos a la empresa Grupo Constructor Gadal, S.A de C.V.
De acuerdo al portal electrónico CompraNet, una de las empresas que participó en la remodelación del Coloso del Fortín por un costo superior a los 65 millones de pesos, accedió por invitación de la dependencia federal a nuevos trabajos.
Uno tiene que ver con la elaboración de estudio y proyecto ejecutivo de ampliación del camino tipo D en la comunidad de Santa Catarina Yosonotú, para lo cual se pagaron 3 millones 237 mil 890 pesos y 32 centavos.
No obstante, un día antes -30 de septiembre pasado-, la delegación del INPI en Oaxaca le asignó a la misma empresa, la elaboración, estudio y proyecto ejecutivo de la ampliación de camino tipo D, mismo que va de Álvaro Obregón a Santa María del Mar, Juchitán por un millón 428 mil 550 pesos y 63 centavos.
Es decir, en dos días la empresa que construyó el “baño Gobernador” en el Auditorio Guelaguetza por casi un millón y medio de pesos, logró dos contratos federales por 4.5 millones de pesos.
Sin embargo, dicho Grupo deberá entregar los proyectos para la ejecución de los trabajos carreteros tanto en la comunidad de Yosonotú en la región de la Mixteca, como en Santa María del Mar en la región del Istmo.
Cabe recordar que dicha comunidad istmeña se encuentra incomunicada por vía terrestre desde el 2009, cuando comuneros de San Mateo del Mar y Santa María del Mar se enfrentaron por la disputa de mil 393 hectáreas derivado de un proyecto eólico que se pretendía instalar en la zona -“Proyecto Santa Teresa”.
Ambas comunidades afirman ser dueñas de la tierra, por lo que los pobladores de San Mateo del Mar colocaron una barricada que no permite la salida de los casi 800 habitantes huaves, incluso en situaciones graves como los sismos del 2017.
Hace dos años se registró la volcadura de una lancha derivado de los fuertes vientos que azotaban en la zona del Istmo de Tehuantepec, en donde fallecieron tres personas, dado que la vía marítima es la única forma de acceder a la población.
El conflicto ha generado la falta de energía eléctrica en la comunidad, que se abastece por horas y a través de una planta generadora de luz, además de víveres y servicios médicos y educativos.
