La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició 11 expedientes de quejas y cuadernos de antecedentes relacionados con casos de violencia obstétrica, durante el periodo 2022-2023.
De este número, seis tuvieron registro en 2022 y cinco en lo que va del presente año. Del total, siete fueron contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tres contra los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y uno contra la Fiscalía General de Oaxaca.
En 2022, las autoridades fueron señaladas por incompetencia y violación al derecho al debido proceso y el derecho a la salud. Mientras en 2023, los derechos vulnerados fueron el derecho a la vida, a la salud y también por incompetencia.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, la violencia obstétrica se define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio.
Constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Además del maltrato físico y verbal, otra de las formas de violencia en la atención obstétrica es la práctica injustificada de cesáreas: en México, de las 3.7 millones de mujeres a las que se les practicó este procedimiento quirúrgico, el 10.3% no fue informada de la razón y al 9.7% no le pidieron su autorización para realizarla”.
La institución señaló que los estudios realizados por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) han documentado la violencia hacia las mujeres durante la atención del embarazo, parto y puerperio.
En Oaxaca, uno de los casos más recientes de violencia obstétrica ocurrió en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, donde a una mujer le retiraron su matriz luego de la tardía atención en la labor del parto, generando también muerte cerebral en la recién nacida.
