Después del bloqueo carretero protagonizado por la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec en protesta por la liberación de tres presuntos abigeos, el Gobierno de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado (FGEO) han fijado su posición pública: se tomarán acciones inmediatas y estructurales para mejorar la respuesta institucional ante el delito de abigeato.
La medida surge tras una reunión de trabajo sostenida entre funcionarios de la Secretaría de Gobierno (SEGO), representantes de la Fiscalía y líderes de la Unión Ganadera, donde se acordaron mecanismos de atención, prevención y seguimiento jurídico que permitan evitar la repetición de casos como el ocurrido el pasado 24 de junio.
EL CASO QUE DESATÓ LA CRISIS
Ese día, un ganadero denunció el robo de varias cabezas de ganado en el municipio de San Blas Atempa. Gracias a una rápida intervención policial, los presuntos responsables fueron detenidos en flagrancia en El Espinal y puestos a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, el 26 de junio, un juez de control decidió liberarlos, lo que desató la indignación de los afectados y motivó la movilización ganadera.
LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA: “SÍ HUBO PRUEBAS, PERO EL JUEZ LOS LIBERÓ”
Fuentes dentro de la Vicefiscalía Regional del Istmo aseguraron que sí se reunieron elementos suficientes para formular la imputación por abigeato. No obstante, la audiencia de control culminó con una decisión del juez de dejar en libertad a los acusados, lo que expone una tensión latente entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En respuesta, la FGEO anunció que ya trabaja en recursos legales y procesales para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. “No es un caso cerrado. Nuestra obligación es dar seguimiento a la carpeta de investigación y activar los mecanismos de impugnación si es necesario”, señaló un vocero de la institución.
LA SEGO: “ESTAMOS DEL LADO DE LOS PRODUCTORES”
La Secretaría de Gobierno, encabezada por Jesús Romero López, afirmó que el Gobierno estatal no es indiferente a las afectaciones que el abigeato genera en la economía del Istmo. “Nuestro deber es garantizar el estado de derecho, pero también la protección del patrimonio de los productores”, señaló un comunicado oficial.
Durante la reunión con la Unión Ganadera, se acordaron los siguientes compromisos:
Fortalecer la coordinación entre cuerpos de seguridad estatales y municipales.
Revisar protocolos de actuación en flagrancia para mejorar la judicialización.
Avanzar en una agenda legislativa para endurecer sanciones por abigeato.
Impulsar campañas de prevención y registro de ganado.
Además, el Gobierno de Oaxaca expresó que el diálogo será permanente y no coyuntural, reconociendo que se trata de un fenómeno estructural que requiere soluciones sostenidas.
LA UNIÓN GANADERA ACEPTA DIÁLOGO, PERO EXIGE RESULTADOS
Tras el encuentro, los productores levantaron el bloqueo del Canal 33, pero dejaron claro que no será la última acción si no se avanza en hechos concretos. “Queremos que la justicia no solo detenga, sino que castigue a los ladrones de ganado. No podemos seguir siendo el eslabón más débil”, dijo uno de los dirigentes regionales al salir de la reunión.
La organización exige que los responsables del robo reciente sean procesados y sancionados conforme a derecho, y que el sistema judicial revise sus criterios en casos de flagrancia.
ABIGEATO EN OAXACA: UN PROBLEMA HISTÓRICO
El robo de ganado es uno de los delitos con mayor impacto económico y social en las zonas rurales del estado. Las estadísticas oficiales son escasas, pero ganaderos del Istmo aseguran que los robos ocurren cada semana, muchas veces con complicidad de redes locales, transporte irregular y debilidad institucional.
En ese contexto, el reciente caso es solo la punta del iceberg: lo que está en juego no es solo un juicio, sino la credibilidad del aparato de justicia rural en el estado.
LA AUTORIDAD RESPONDE, PERO EL RETO PERSISTE
La posición oficial es clara: el gobierno no se mantendrá al margen y asumirá el problema del abigeato como una prioridad regional. Sin embargo, las fallas en la articulación entre fiscalía, jueces y cuerpos de seguridad siguen representando un obstáculo. Mientras tanto, los productores rurales viven entre la desconfianza institucional y la tentación de la justicia por mano propia.
La pregunta ahora es:
¿las promesas de acción podrán traducirse en justicia real?
