Representantes de pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca, exigieron al Gobierno Federal levante una moratoria que prohíba la actividad minera en todo el territorio estatal.
A nombre de los inconformes con la operación de empresas mineras en Oaxaca, Alma Méndez y Daniel López, urgieron reformar la Ley Minera, Ley General de Equilibrio Ecológico, Ley de Inversión Extranjera y Ley de Aguas Nacionales, para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades a la libre determinación.
Resultado del ejercicio celebrado el 11 y 12 de octubre del presente año, exigen la cancelación definitiva de las 322 concesiones mineras existentes, las cuales se han otorgado sin el consentimiento de pueblos, así como 41 proyectos mineros vigentes y que afectan el 5% del territorio estatal.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, demandan la cancelación de los proyectos mineros en etapa de producción comercial en el Valle de Oaxaca, “San José” contemplado para San José del Progreso y “El Águila”, en San Pedro Totolápam.
Solicitan a Semarnat, Conagua y Profepa se constituyan en los lugares en los que se desarrollan dichos proyectos, a fin de establecer medidas de compensación y reparación al medio ambiente y al agua, luego de que empresas mineras de origen canadiense y estadounidense han ocasionado daños al medio ambiente, principalmente en el recurso hídrico de las comunidades.
Acompañados de Sofía Robles Hernández, del Colectivo Oaxaqueño por la Defensa del Territorio, sostienen que estas mineras se ubican principalmente en el Istmo, Valles Centrales y la Mixteca.
Tan solo en Oaxaca, denuncian las consecuencias para las comunidades como en el caso de Magdalena Ocotlán donde se desbordó la presa de jales de la empresa minera Cuzcatlán, S.A de C.V. que opera el proyecto minero San José y contaminó el río El Coyote que atraviesa la comunidad.
Ahí al menos 2 mil 500 habitantes han dejado de consumir el agua del río por estar contaminado y han recurrido a la compra del agua, manifiestan. Exigen que los pueblos y comunidades indígenas se reconozcan como sujetos de derecho, que pueden tomar decisión sobre su territorio y la cancelación de concesiones mineras.
Para concluir, los activistas piden justicia para los defensores del territorio, autoridades agrarias, autoridades municipales y otras que se han opuesto pacíficamente a los proyectos mineros y que han sido agredidos, amenazadas y asesinadas.
