Representantes de varias organizaciones civiles se unieron para exigir al Consejo de la Judicatura Federal, revisar el actuar de los jueces federales, en particular de quien avaló la terna para la titularidad de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Oaxaca.
En un pronunciamiento conjunto se sumaron organizaciones como CLADEN México, Noscanda Nuevo Amanecer, ROEMD, Frente Nacional sobre la Violencia Vicaria, Consolidando un México Mujer, Un Mundo Inteligente para ti, Centro para el Impulso de los Derechos Humanos, la Igualdad Sustantiva y el Desarrollo, Huitzitzilin, Colectivo de Morelos, Resitencia Materna de México, Mujeres en Resistencia Alternativa y Sororidad y Resistencia.
Iliana Acevedo Brena, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en el Estado de Oaxaca, señaló que la terna que avaló el Juez Federal, en su momento la sociedad civil y el Congreso del Estado de Oaxaca la rechazaron, esto por no cumplir con los requisitos que demanda la ley de víctimas.
No se tomaron en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y mucho menos a las víctimas que han sufrido la pérdida de un ser querido o bien han sufrido algún tipo de injusticia, por eso el proceso se tiene que reponer o tendremos una Comisión hecha a modo por la anterior administración”, denunció.
Rechazan terna del ex gobernador
Señaló que la terna enviada en su momento por el ex gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, conformada por Amalia Rueda Alonso, José Manuel Victoria Mendoza y María Diana Alba Pazarán, no cumplió con este proceso de consulta previa con las colectivas de las víctimas y mucho menos cumplen con el perfil adecuado para ocupar dicho cargo.
Por su parte, Masavi Martínez, quien representa a las mujeres que sufren violencia por razón de género, detalló que la norma estatal especifica que en este proceso se deben reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad justicia, reparación integral, debida diligencia y demás derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
Sin embargo, afirmó que todos estos indicadores no se tomaron en cuenta por el juez federal que avaló esta terna asignada por la anterior administración estatal, por lo que ahora exigen que el proceso se reponga a favor de las víctimas.
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