Diversas organizaciones civiles de diferentes partes del país se han unido para denunciar casos de persecución política y el uso del sistema judicial en contra de personas defensoras de derechos humanos y del territorio, concluyendo que “México es un Estado represor”.
CONFERENCIA
En una conferencia de prensa llevada a cabo en Oaxaca, representantes de varias organizaciones expusieron ejemplos concretos de esta represión, destacando el caso de Eloxochitlán de Flores Magón, una comunidad mazateca donde al menos 40 personas han sido criminalizadas desde el año 2014 tras la aparición de un grupo “neocaciquil”.
Argelia Betanzos, representante del colectivo “Haz valer mi libertad”, detalló cómo estas 40 personas, entre hombres y mujeres, fueron acusadas de delitos como homicidio y tentativa de homicidio, mediante la fabricación de cargos y pruebas por parte de las autoridades. Según Betanzos, esta represión tenía como objetivo desarticular la organización comunitaria y frenar los intentos de autodeterminación y ejercicio asambleario en la comunidad.
SOLAPAN NEOCACIQUISMO EN ELOXOCHITLÁN
“En Eloxochitlán hay una neocaciquismo desde el 2011, a la cabeza Manuel Zepeda Cortés y su Hija Eliza Zepeda Lagunas, quienes se enquistaron en el poder para saquear los recursos naturales y reprimir a la organización desde la comunidad en defensa de la tierra y el territorio”, argumentó Betanzos.
La activista lamentó la postura y actitud del Gobernador del estado quien prioriza el amiguismo antes que la justicia social.
“No quiere saber quiénes somos las familias criminalizadas desde hace 9 años por la secretaria de la Mujer, Eliza Zepeda, y eso nos parece delicado, porque nos parece que el gobernador consiente prácticas corruptas y que prioriza el amiguismo por encima de la justicia”, señaló.
PODER JUDICIAL CORRUPTO
Además, recalcó que el Poder Judicial de Oaxaca ha hecho caso omiso a los amparos y recomendaciones que han ganado a nivel federal. Ya que desafortunadamente los amparos que se han ganado al regresar al poder judicial estatal, los invalidad.
“Se han tramitado muchos amparos que se han ganado a nivel federal, pero lamentablemente la ley somete a esos amparos, a que cuando se ganan se regresan al Juez de Oaxaca, al local y es el que vuelve a decir o tomar la última palabra. Es ahí donde radica la corrupción del Poder Judicial del gobierno de estado de Oaxaca, porque no ha acatado el argumento de los amparos federales, que califica de ilegales todos los autos de formal prisión y todas las órdenes de captura”, ahondó Betanzos.
Finalmente, la defensora de los derechos humanos reafirma que en el estado de Oaxaca el Poder Judicial “ha jugado al ciego”. Ya que en vez liberar a los todos indígenas con base a los amparos los vuelven a detener o retener en prisión. Han agotado todas las instancias y los procesos legales se vuelven a “una tortura”.
“En lugar de asumir una actitud seria, profesional, ética y apegada a la ley, el Poder Judicial, con el permiso de los gobernadores, ya van tres, se atreven a usar el sistema de justicia de Oaxaca como tortura a una comunidad indígena, que lo que ha hecho es defender su territorio, caminar su determinación sin partidos políticos, ese es el pecado, el delito de la comunidad”, sentenció.
OTROS CASOS
El caso de Eloxochitlán de Flores Magón es solo uno de los ejemplos de la represión sistemática que se vive en México. Durante la conferencia de prensa, se expusieron otras situaciones similares de persecución política en diferentes partes del país.
Entre las organizaciones presentes se encontraban el colectivo “Haz valer mi libertad”, la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de Presos Políticos y Revolucionarios, el Comité por la Libertad de Kenia Hernández, el Comité por la Libertad de Karla y Magda, así como representantes de la CNTE del Estado de México y otros colectivos locales.
Las organizaciones exigieron justicia y el cese de la persecución política en el país, señalando la responsabilidad del Estado mexicano en esta situación. Afirmaron que seguirán luchando por la libertad de las personas injustamente encarceladas y por el respeto a los derechos humanos y al territorio.
