Oaxaca es un estado en riesgo de corrupción, así lo señala la Secretaría de la Función Pública (SFP) en su primer informe de labores publicado el 1 de septiembre, donde se detalla que detectó 52 observaciones por un monto de 74 millones de pesos en los actos de fiscalización que realizó en la entidad.
“De los 32 actos de fiscalización, concluidos al mes de mayo de 2019, se determinaron 254 observaciones (79 de Durango, 74 de Oaxaca, 58 de Baja California Sur y 43 de Hidalgo), por un monto de 409.8 millones de pesos (Durango, 170.8; Baja California Sur, 74.6; Oaxaca, 109.8 e Hidalgo, 54.6 millones de pesos)”, explica el informe.
A nivel nacional los programas revisados, destinados al desarrollo y a la operación regional, están etiquetados para los rubros en materia de salud pública; agua potable, drenaje y tratamiento; desarrollo turístico; fomento a la cultura física y deporte; infraestructura en comunidades indígenas; mejoramiento de servicios públicos para personas con capacidades diferentes; operación de organismos descentralizados de educación media superior; y obra pública en lo general.
Las principales deficiencias se relacionan con la falta de documentación comprobatoria del gasto (132.2 millones de pesos); recursos no devengados o comprometidos según la norma (95.8 millones de pesos); recursos ejercidos de manera extemporánea (3.5 millones de pesos); conceptos de obra pagados no ejecutados (25.3 millones de pesos).
Además de recursos destinados a fines distintos de los previstos (36.8 millones de pesos); inobservancia de las disposiciones normativas aplicables (6.9 millones de pesos) y otras irregularidades (109.3 millones de pesos) que se relacionan, principalmente, con incumplimientos de la estructura financiera convenida (97.6 millones de pesos) y pagos improcedentes (11.4 millones de pesos).
En el fortalecimiento de las tareas de fiscalización, la Función Pública está acompañada por las 32 contralorías estatales, que revisan el debido ejercicio de los recursos públicos federales reasignados a las entidades federativas.
Cabe señalar que las entidades fiscalizadas disponen de un plazo de 45 días hábiles para aclarar, proporcionar información y documentación complementaria, y exponer lo que a su derecho convenga, con la finalidad de subsanar o solventar las observaciones formuladas.
