México se coloca como el segundo país de América Latina y el Caribe con más casos de trabajo infantil, sólo por debajo de Brasil y arriba de Perú, a pesar de que el artículo 123 de la Constitución Política lo prohíbe, señaló el diputado Marco Antonio González Reyes (Morena), secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados federal.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) los estados con mayores municipios con probabilidad de riesgo alto en trabajo infantil son Chiapas, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Durango, Campeche y Coahuila.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el país existen 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan, cantidad que representa el 12 por ciento de la población total de menores.
Por ello, planteó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer de manera coordinada las medidas preventivas y las acciones de supervisión, a fin de erradicar el trabajo infantil.
En un punto de acuerdo que analiza la tercera comisión de la Permanente, expuso que el artículo 123 fracción III de la Carta Magna precisa que “queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas”. En tanto, los artículos 22 Bis, 23 y 175 de la Ley Federal del Trabajo, también refieren la prohibición de trabajo a menores de edad.
El trabajo infantil es una de las graves violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que, a nivel mundial, más de 160 millones laboran y al pasar largas horas en la vía pública y convertirla en su espacio de socialización y de actividad económica, pone en riesgo su desarrollo físico, mental y social, porque constantemente se encuentran expuestos a muchos riesgos.
Agregó que entre las razones de niñas, niños y adolescentes para trabajar “destaca que la mayor proporción lo hace para pagar su escuela o sus propios gastos, y una de las principales consecuencias para el hogar de que el menor deje de trabajar es que el ingreso se vería afectado”.
Conforme a la última Encuesta Nacional de Jornaleros (Enjo), 60 por ciento de esta población era originaria de localidades de alta o muy alta marginación, cerca de 40 por ciento pertenecía a una comunidad indígena y había hablantes de 29 lenguas distintas.
Además, el 60 por ciento de las niñas, niños y adolescentes llevaba a cabo actividades remuneradas en el campo; 10 por ciento, comerciales, ganadería o albañilería, y 30 por ciento, domésticas.
