Martha Aracely Cruz ha denunciado públicamente amenazas de muerte en su contra después de señalar al coordinador de Delegados de Paz Social del Gobierno de Oaxaca, Donato Vargas Jiménez, por presuntos actos de violencia y acoso.
LA ALERTA
En una carta difundida este jueves y una transmisión a través de redes sociales, Cruz relató haber sufrido violencia física, emocional y económica por parte del mencionado funcionario, acciones que denunció públicamente hace un año.
Además, mencionó la existencia de material digital en redes sociales que evidencia conductas poco éticas de Vargas Jiménez y otros operadores políticos, quienes compartían comentarios cosificantes sobre mujeres indígenas y compañeras de partido en grupos virtuales de WhatsApp.
DENUNCIA PUBLICA
La víctima recordó que en el año 2020 se denunciaron conductas similares de acoso y cosificación a mujeres indígenas por parte de funcionarios tanto regionales como federales, incluido un integrante del chat “Sierra XXX” del INPI, amigo y colaborador de Vargas Jiménez.
Las denuncias previas propiciaron la destitución del funcionario de su cargo y la apertura de carpetas de investigación por parte del INPI. Sin embargo, Cruz denunció que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO)no ha procedido contra su agresor debido a su cargo y su cercanía con el gobernador.
La exposición del caso y la movilización de mujeres y organizaciones llevaron a la baja de Huberto Santos, precandidato a diputado del distrito mixe, quien participaba en los grupos virtuales de acoso.
LLAMADA CON AMENZA DE MUERTE
El pasado domingo, Cruz recibió una llamada en donde la amenazaron de muerte y denunció persecución por parte del equipo político de Vargas Jiménez, lo que la llevó a temer por su vida y la de su familia. Ante esta situación, exige medidas cautelares urgentes de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como que el gobernador Salomón Jara deje de proteger a su agresor y la Fiscalía proceda judicialmente contra él.
La carta concluye con una advertencia: “Si se atenta contra mi integridad física, hago responsable al Gobierno de Oaxaca y a mi agresor, pues han actuado en complicidad para continuar con la violencia hacia mi persona”.
