La minería no ha sido un motor de desarrollo local ni de empleo, afirma Fundar, Centro de Análisis e Investigación en su Anuario 2018, por ello, es fundamental retirar el carácter de utilidad pública y preferente que tiene esta actividad en el país.
La investigación del Centro de Análisis e Investigación demuestra que la minería no es un motor de desarrollo local para las comunidades donde se realiza, pues en el caso de los centros productores de plata, casi el 60% de la población está en pobreza.
Tan solo en una de las comunidades en donde opera una mina, la pobreza alcanza el 88.36% y la pobreza extrema el 41.89%, es decir casi 9 de 10 habitantes son pobres y 4 de cada 10 muy pobres.
Un 30% de las poblaciones que tienen una mina no cuenta con servicios básicos en la vivienda; 25% tiene rezago educativo; y una de cada tres personas no cuenta con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria.
También hay que señalar que el 90% de la plata extraída en México proviene de cinco estados: Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Oaxaca y Durango.
Detalla que, mientras la producción de hidrocarburos disminuyó, la minería aumentó, aunado a que en el sexenio de (el presidente) Enrique Peña Nieto, los proyectos crecieron 77%, sin que los municipios en donde se lleva a cabo (entre ellos Oaxaca), se hayan beneficiado.
Considera que para llevar a la práctica las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta indispensable que el Poder Legislativo prohíba el fracking (fractura hidráulica) en el próximo periodo de sesiones.
En el Anuario 2018: Actividades extractivas en México. Retos para la cuarta transformación, se analiza la participación de la minería y la extracción de hidrocarburos en las finanzas públicas y la economía del país, así como los impactos socio – ambientales que tienen dichas actividades.
Respecto a la actividad minera, Fundar documentó que, de 2013 a 2018 los proyectos mineros aumentaron un 77%, y para finales del 2018, el 92% de las empresas que realizaban exploración de recursos metálicos eran extranjeras, principalmente canadienses dedicadas a explorar oro y plata.
Aún más contaminación
Sin embargo, la mayor preocupación es que el 75% de las nuevas minas en construcción serán a cielo abierto, técnica altamente contaminante y con severos impactos socio – ambientales.
Existe una alerta pues la problemática del agua en México, la cual es de por si grave, por ser un país con alto estrés hídrico (WRI 2018), al incorporar las actividades mineras al análisis, el resultado es alarmante.
El informe de Fundar sostiene que si no se empieza a regular el consumo de agua por parte de las compañías mineras, la sobreexplotación de acuíferos va a continuar y agravará los escenarios futuros de estrés hídrico en México, del cual no está exento Oaxaca.
Tan solo en ocho años, del 2010 al 2018, se desecaron 121 acuíferos en los que operaban 70 proyectos mineros, por lo que resulta prioritario prohibir el desarrollo de nuevos proyectos mineros en acuíferos con déficit hídrico.
Alto impacto, pocos beneficios
El informe también recalca que los recursos que las empresas deben pagar al Estado, deberían destinarse a proyectos de desarrollo que beneficien a las poblaciones afectadas por los proyectos extractivos.
No obstante se utilizan sin la participación de las comunidades y en la opacidad.
En el caso del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se destinaron más de 186 millones de pesos a 24 municipios que no son productores de hidrocarburos; y, en el caso del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, se desconoce el destino de 3 mil 017 millones de pesos otorgados durante los cuatro años de su ejercicio.
Fundar realizó un llamado urgente para prohibir el fracking en esta próxima legislatura, y retirar el carácter de preferente a la actividad minera.
Frente al contexto de opacidad y violaciones a derechos en el que han operado las actividades extractivas, al amparo de la Reforma Energética y del marco legal minero, resulta imperioso revertir este tipo de prácticas, superar el modelo extractivo y avanzar hacia otras alternativas de desarrollo que protejan el medio ambiente y respeten y garanticen los derechos humanos, considera.
En cuanto al tipo de extracción de la plata, contrario al caso del oro, el 68.2% del total de este metal se extrae en minas subterráneas y no a tajo abierto (Pérez-Jiménez, 2018).
Es necesario precisar que la minería subterránea a gran escala, si bien no implica la radical destrucción del paisaje, también conlleva impactos ambientales importantes, como el consumo excesivo de agua, el uso de químicos tóxicos y la contaminación por metales pesados en el agua, el suelo y el aire (Pérez-Jiménez, 2014).
Es necesario reconocer esta problemática y comenzar a sistematizar todos estos impactos para entender que la extracción minera a cielo abierto es por demás lesiva al desarrollo humano, no sustentable e injusta socialmente, por la desigualdad entre costos y beneficios.
Como se demostró a lo largo del texto, la extracción de oro, plata y cobre está controlada por tres compañías mexicanas: Grupo Frisco, Grupo México e Industrias Peñoles, las cuales son propiedad de los tres empresarios más ricos del país: Carlos Slim, German Larrea y Alberto Baillères (Forbes, 2018).
Es necesario reconocer que, bajo el actual modelo minero extractivo, los principales beneficiarios son los consorcios privados mexicanos y extranjeros que siguen lucrando a costa del medio ambiente y de las comunidades campesinas e indígenas de México.
