Este jueves continuaron las protestas en la Zona Metropolitana de Oaxaca; como parte de su paro de labores de 72 horas, maestros del Nivel de Educación Indígena de la Sección 22 del SNTE, realizaron un bloqueo en el crucero del Aeropuerto de Santa Cruz Xoxocotlán.
A partir de las 8:00 horas, al menos 500 profesores provenientes de las diversas comunidades indígenas del estado de Oaxaca, arribaron en este crucero para impedir el paso vehicular sobre la Carretera Federal 175 y rumbo al aeropuerto.
Los manifestantes impidieron el paso vehicular, lo que provocó que miles de ciudadanos y turistas se vieran obligados a caminar para poder transbordar el transporte público con destino hacia la ciudad de Oaxaca y rumbo al valle de Ocotlán de Morelos.
Los más afectados fueron los pacientes de los hospitales que se ubican en la zona como el Hospital de la Niñez Oaxaqueña (HNO) y del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, quienes con dificultad cruzaron el crucero.
Para las personas con discapacidad que utilizan sillas de ruedas y muletas, cruzar por el bloqueo en medio de los radiantes rayos del sol, se convirtió en un verdadero calvario, al igual para las personas que diariamente viajan de las comunidades indígenas para comercializar sus productos en la Central de Abasto, quienes cargaron con varios kilos de sus productos en la espalda y pagar el doble del pasaje para poder llegar a sus destinos.
IEEPO desconoce estructuras al margen de la Ley
Sobre la petición del reconocimiento de una estructura de reciente creación, autodenominada Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca (DGEPOO), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que ésta no tiene validez legal, pues fue nombrada al margen de la toma de nota y de la normatividad.
Al respecto, Omar Lara Juárez, titular de la Unidad de Educación Indígena del IEEPO, dijo que las únicas instancias legalmente facultadas como interlocutoras para realizar gestiones ante la autoridad educativa, son la Secretaría de Trabajos y Conflictos del nivel de Educación Indígena y la Comisión Política, de acuerdo con la toma de nota del Comité Ejecutivo de la Sección 22 del SNTE.
Respecto a la solicitud de personal docente, que presuntamente se requiere en este nivel, es importante señalar que a través de la revisión del registro estadístico institucional, se detectó que actualmente existe el número suficiente de personal para atender a las y los alumnos inscritos en los servicios de educación indígena.
Por lo que, en el supuesto caso de que hubiera necesidades de personal, esto puede estar asociado a una práctica ilegal y fuera de normatividad realizada desde hace varios años, que es la autoubicación del personal, misma que se ha realizado perniciosamente conforme a intereses ajenos a la educación, la presumible venta de espacios educativos, así como a la protección para laborar en lugares distintos a sus centros de adscripción.
Ante esta situación, exhortó a la Secretaría de Trabajos y Conflictos del nivel de Educación Indígena y a su enlace de Comisión Política a realizar conjuntamente con el IEEPO, una minuciosa revisión de las estructuras ocupacionales, para que en caso de detectarse necesidades de recursos humanos, éstos puedan gestionarse oportunamente ante las instancias correspondientes, o bien que los docentes auto ubicados regresen a las regiones que sin autorización del IEEPO abandonaron.
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Más protestas
En el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, las manifestaciones también continuaron; la ciudadana Lourdes González, originaria de la comunidad de Santiago del Río Silacayoapan, acudió al zócalo capitalino para denunciar violencia política de género en su contra.
Informó que en una asamblea celebrada el pasado 1 de diciembre de 2019, fue electa como presidenta municipal, sin embargo, las autoridades electorales del municipio y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), validaron otra asamblea celebrada el 3 de noviembre de 2019, en donde a decir de la denunciante, no se le permitió participar y no existieron las condiciones para llevar a cabo la asamblea comunitaria.
“Fui y sigo siendo víctima de violencia política de género por el simple hecho de ser mujer, en primer lugar por una autoridad electoral municipal y después por el Instituto Estatal Electoral, los consejeros violentaron mis derechos”, denunció.
