A más de dos meses en que autoridades estatales, directora, docentes y padres de familia han violentado el derecho a la educación de Paola por estereotipos de género, su madre y abogados denunciaron la omisión e ineptitud del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y demás autoridades para frenar estos actos.
Ante ello, exigieron la renuncia de la directora y docentes de la telesecundaria José Vasconcelos (de San José Manialtepec), así como castigo a los agresores de la menor, pues éstos han condicionado su derecho a la educación al uso de la falda escolar en lugar del pantalón.
Por la discriminación a Paola, la familia interpuso diversos recursos, entre ellos una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Los padres informaron del caso a la secretaria general de la Sección 22, Yenny Pérez, desde el 27 de enero, sin embargo, explicaron que hasta el momento esta tampoco ha intervenido para solucionar el problema.
Este jueves, en conferencia de prensa y mediante una protesta frente al Palacio de Gobierno, la madre de la menor, Paola Hernández Torres, exigió la intervención del gobierno estatal para poner fin a la discriminación en contra de Paola y las violaciones a su derecho a la educación.
El llamado también fue para el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), pues aun con el fallo de un juez federal a favor de la menor sigue sin acatar el fallo y argumenta que la negativa es de la comunidad, cuando en realidad es un asunto de un grupo de personas. Además de que ha propuesto como solución que Paola se inscriba en otra escuela.
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Por estereotipos de género, la directora y un grupo de docentes y tutores han condicionado la educación de Paola al uso de la falda. Pero la menor, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo ha decidido usar pantalón desde que acudía a la primaria en Nuevo León.
Sin embargo, de acuerdo con la tutora, este derecho y el de la educación ha sido violentado por la directora, Sara Monjaraz Díaz; por el supervisor de zona, Rafael A. Juárez; los profesores Cleta G. Ruiz Gopar, Citlali López García, José Manuel Castellanos Bravo, María del Rosario Ortiz Blanco e Ygnacio Castellanos.
La madre exigió castigo a los agresores: Marcelo García Carmona, Antonio González Mendoza, padres de familia, así como la “salida inmediata de funcionarios y autoridades ineptas transgresoras de derechos humanos” entre ellas el director de atención a derechos humanos del IEEPO, Ulises Gómez Regalado.
De acuerdo con los abogados, se ha recurrido al menos ocho procesos, entre ellos una denuncia penal y un amparo, para que las autoridades resuelvan el caso, pero hasta el momento no hay acciones concretas para restituir este derecho a la educación.
Los abogados explicaron que si bien en 2001 se reconoció la autonomía de las comunidades indígenas, ésta debe de ser en un marco de respeto a los derechos humanos. Y es que detallaron que el grupo de padres y madres inconformes se han escudado en los usos y costumbres, cuando este es un asunto ajeno a tal determinación o derecho de las comunidades.
