Al menos 7 mil 500 expedientes deberá resolver la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) antes de su disolución, afirmó ayer el presidente del organismo, Víctor Alberto Quiroz Arellanes.
Y es que dentro de la Reforma Laboral aprobada se eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje y las sustituye por tribunales especializados pertenecientes al Poder Judicial, aunado a que se incorporan nuevas fracciones al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo que prohíbe a los patrones obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan.
En entrevista, afirmó que se vienen cambios importantes en la vida laboral del país y su normatividad, entre estos una de las funciones principales de la JLCyA concluirá.
“El Poder Judicial deberá crear los tribunales laborales mismos que conocerán de los conflictos individuales y se creará un centro federal de conflictos colectivos y orientados a los sindicatos”, explicó.
Quiroz Arellanes destacó que las Juntas Locales de Conciliación se convertirán en instituciones de conciliación laboral y su función se concreta a la mediación, la cual es previo a un juicio laboral.
El funcionario estatal añadió que se tienen 180 días para ajustar todas las leyes relativas en materia laboral y un máximo de dos años o máximo tres años para que empiecen a funcionar los tribunales especializados y centro federal de conciliación.
“No se heredarán expedientes en trámite y deberán ser concluidos los más de 7 mil 500 juicios con los que se cuenta en el organismo en Oaxaca”, afirmó el funcionario estatal.
De igual forma consideró viable la aplicación de la reforma laboral, dado que desde ya se ha empezado a trabajar para desahogar los conflictos y en lo que va del año se han mediado mil 500 juicios.
Hasta el momento se han recibido más de 500 demandas laborales y se han beneficiado a un número cercano a los 830 trabajadores, además de recibir unos 700 emplazamientos a huelga y un solo estallamiento de huelga en la UABJO.
“La reforma laboral no afecta a la clase trabajadora, y con la creación de nuevos organismos sin duda se necesitará presupuesto especial e infraestructura para ponerlo en operación en unos dos años, máximo tres”, concluyó.
El Poder Judicial deberá crear los tribunales laborales mismos que conocerán de los conflictos individuales y se creará un centro federal de conflictos colectivos y orientados a los sindicatos”.
