De 61 años de edad, María del Rosario es una de las mujeres privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, con una condena de varias décadas por secuestro y homicidio.
En prisión desde hace 11 años y dos meses, la mujer adulta mayor usa silla de ruedas y a veces bastón, luego de que una caída que lastimó su rodilla le impida ahora mantenerse de pie por periodos prolongados.
Sí puedo caminar, pero me duele”, expresa la mujer que desde hace siete años está a la espera de una operación que no sabe cuándo llegará y de un medicamento que le prometieron desde hace un mes pero aún no lo recibe porque “es muy caro”.
Somos presas, sabemos que somos la escoria de la sociedad, pero no todas de las que estamos aquí somos culpables de lo que se nos acusa”, señala la mujer que hace figuras y muñecos con estambre, para venderlos después y lograr solventar sus gastos.
En este Centro de Reinserción Social, donde apenas ocho de cada 10 mujeres son visitadas por sus familiares, María del Rosario asegura que no le gusta pedir apoyo a su familia, de quien a veces recibe alimentos y artículos de higiene personal.
Luego de cinco años en proceso la mujer adulta mayor obtuvo una sentencia; asegura que la detuvieron sin orden de aprehensión, supuestamente por cohecho. Después los ministeriales que la detuvieron la golpearon por 12 horas, antes de presentarla ante las instancias correspondientes.
Durante un recorrido por este Centro de Reinserción, donde el Gobierno del Estado apuesta por mejorar las condiciones de las mujeres, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo reprobara en el sexenio anterior, la mujer originaria de Tuxtepec señaló que aquella “golpiza” que recibió le dañó un oído y le provocó la caída de dos dientes incisivos.
La mujer reconoce también que en este inmueble la comida a veces es escasa y hay constante faltante de medicamentos, una de las observaciones que también hizo notar la CNDH en su informe de 2022.
María del Rosario se define como una mujer que siempre ha trabajado y se revela cuando ve vulnerados sus derechos, aunque reconoce que también tiene obligaciones.
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Paula Minerva
En este mismo Centro se encuentra Paula Minerva, quien desde hace 18 años se encuentra en proceso sin encontrar alguna condena por el delito del que se le acusa.
La mujer de 59 años de edad asegura no haber participado en el delito por el que la aprehendieron un 26 de junio, junto con su esposo y su hijo de entonces 15 años de edad.
Expuso que la persona que los acusó fue funcionario público por varios años en la década de los 80 y era medio hermano de su esposo, quien tras una serie de golpes que recibió cuando lo aprehendieron, quedó ciego y murió en la cárcel en 2018, mientras esperaba un medicamento que nunca llegó.
Supuestamente le secuestramos a su nieta. Un 26 de junio nos agarraron en mi casa, a mí, a mi esposo y mi hijo de 15 años; nos llevaron a una bodega en Santa María Atzompa y ahí nos torturaron y golpearon y luego nos mandaron a firmar unos documentos donde nos comprometieron todos”, dijo.
Por los golpes recibidos, Paula Minerva asegura tener chipotes por todos lados y con daños en la columna donde los dolores a veces son más intensos.
La mujer asegura que no sabe la razón de esta acusación, pero recuerda que mientras la golpeaban le preguntaban sobre una casa de seguridad y de las actividades a las que se dedicaba su esposo durante algunos años en que ella aún no lo conocía.
Durante 15 años, el caso de Paula Minerva ha pasado por las manos de varios abogados particulares sin lograr avance, supuestamente por el tráfico de influencias que tenía el exfuncionario que jamás dio pruebas.
Ahorita tengo otro abogado desde hace un año y espero que pronto me sentencien a ver qué pasa”, destacó la originaria de San Francisco Telixtlahuaca, luego mostrar su decepción con la justicia en Oaxaca.
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