De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), desde los años 2021 y 2022, se han detectado diversas anomalías con los vehículos que son recuperados por la institución y se quedan en resguardo en su corralón ubicado en San Bartolo Coyotepec.
Entre las anomalías detectadas destacan el tráfico y robo de autopartes, así como la asignación irregular de vehículos de gama alta a funcionarios, ayuntamientos, diputados y a dirigentes de organizaciones sociales.
Aunque la Fiscalía no ha dado a conocer el censo de las unidades que actualmente se encuentran en su corralón, hasta el 2020 habían alrededor de 400 unidades de motor entre motocicletas, vehículos y tractocamiones, ya que en marzo del 2017 se registró un incendio que consumió más de 350 unidades.
En el último informe presentado por la institución, señala que de marzo de 2021 a julio de 2022, se denunciaron 3 mil 585 vehículos y motocicletas robadas y en este mismo periodo, se recuperaron mil 95, de los cuales 687 fueron automóviles, 366 motocicletas y 42 otro tipo de unidades.
Detalla que en 2021, un total de 915 vehículos que fueron recuperados, los propietarios comprobaron su legal procedencia y se devolvieron, mientras que en el 2022, 593 unidades que se recuperaron fueron devueltas a sus dueños.
Sin embargo, detalla que al menos un 30 por ciento del total de las unidades que son recuperadas anualmente, no son reclamados o presentan diversas irregularidades como la clonación de sus números de series, por lo que se hace imposible devolverlos a sus propietarios o quienes las reclaman.
Estos vehículos que se quedan en el corralón, principalmente de gama alta son solicitados por funcionarios, ayuntamientos, diputados, incluso por representantes de líderes sociales, a quienes se les asigna de manera irregular. Tan sólo en el 2019 se entregaron en depositaría 32 vehículos, mientras en el 2020 sumaron 30.
Aunado a estas prácticas, la institución ha detectado el tráfico y robo de autopartes en el corralón, pero a la fecha no existen personas detenidas o procesadas sobre estas anomalías y los más perjudicados son las y los ciudadanos.
