En las últimas tres legislaturas del Congreso del Estado de Oaxaca, el derroche de recursos públicos que realizaron los diputados locales alcanzó una suma cercana a los 2 mil millones de pesos.
A pesar de los altos salarios y dietas del que gozan los diputados y los mandos superiores, también dejarán una deuda de más de 120 millones.
Durante la 62 y 63 legislaturas, los recursos destinados para el Poder Ejecutivo fueron controlados por el grupo que encabeza Alejandro Avilés Álvarez, quien volverá como legislador en la próxima legislatura.
Según datos de la actual Mesa Directiva, durante la 63 legislatura se heredó una deuda de 300 millones de pesos por sus antecesores, por lo que hasta el mes de septiembre de 2018 se estimaba una reducción del 50 por ciento.
Las deudas que arrastra el Poder Legislativo desde 2014 derivan de los excesos cometidos por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que por primera vez en la siguiente legislatura serán minoría.
En 2014, cuando Avilés Álvarez fungía como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) adquirió diversos bienes innecesarios para el Congreso local, entre estos aparatos se incluyó el equipamiento de un gimnasio que nunca se usó.
Con un costo de más de 700 mil pesos, Avilés Álvarez también erogó recursos para la construcción de una cafetería y otros gastos que hoy en día siguen pagando los oaxaqueños.
En 2016, tras concluir sus funciones, diversos proveedores realizaron protestas para exigir el pago de sus servicios y a la fecha, muchos no han podido cobrar facturas que derivan desde 2014.
En 2017 y 2018, los priistas comandados por Alejandro Avilés, mediante el oficial mayor, Igmar Matus, continuaron con el dispendio de los recursos públicos, al adquirir tabletas y pantallas electrónicas y ahora los oaxaqueños continuarán pagando sus excesos.
