Este 2 de diciembre, tras el levantamiento de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se cumplió un año de que el gobierno estatal y el municipal desalojaron a los grupos de desplazados triquis que por 12 años mantuvieron su plantón en el corredor y contorno del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Oaxaca.
A un año, el corredor ha estado abierto al público la mayor parte del tiempo, con excepción de momentos en los que se ha blindado ante las protestas sociales. El sitio también ha sido convertido en espacio de exhibición de exposiciones artísticas y conmemorativas, de tapetes de Día de Muertos y, ahora, de nacimientos o motivos navideños.
La protesta social sigue ligada a la sede gubernamental en la que despacha el gobernador, Salomón Jara, por lo que aun con la “recuperación” del corredor, como calificó la autoridad a este desalojo, las puertas del palacio también han sido tomadas por manifestantes en este tiempo.
Durante el operativo de aquel viernes de 2022, ambos órdenes justificaron el desalojo en que quienes se encontraban ahí ejercían la venta de productos de manera irregular. Es decir, en una zona prohibida y sin la autorización del municipio capitalino. En tanto, mujeres triquis argumentaron ser víctimas de desplazamiento forzado que en 2010 las hizo dejar sus comunidades, además de contar con medidas cautelares y por lo cual recriminaron al gobernador por esta acción: “¡Esta es la cuarta transformación del ingeniero Salomón Jara!”
Inspectores municipales iniciaron el retiro de la mercancía de las decenas de puestos con que las y los triquis ocuparon el corredor. El operativo contó con el apoyo de la Policía Estatal y Municipal, quienes incluso llegaron con equipo antimotín y en presencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Aunque no se comprobó, tras el desalojo se difundió la versión de que en estos puestos presuntamente se encontraron estupefacientes. Las desplazadas acusaron al gobierno de “sembrar” tales pruebas para incriminarlas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó, con fecha 1 de diciembre, del retiro de las medidas que había otorgado el 7 de octubre de 2010 a favor de 135 habitantes triquis, pero su documento apareció en su página web después de efectuado el desalojo.
“El retiro de las medidas cautelares, detalló, fue a raíz de “las solicitudes de levantamiento presentadas por el Estado y la información aportada por las representaciones, incluyendo la conformidad de una parte (de los desplazados triquis)”.
El 5 de diciembre, el gobernador argumentó que hubo diálogo con las desplazadas y las organizaciones que estuvieron en el zócalo para que se retiraran. Pero que sólo las del zócalo accedieron. “Lo mismo platicamos con las compañeras desplazadas que respetamos mucho… y la verdad no aceptaban que se les buscara un lugar, querían quedarse”.
Días antes del retiro de desplazados triquis, los dos gobiernos negociaron la reubicación de las organizaciones sociales que también ocuparon por varios años el zócalo: Sol Rojo y la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), así como un grupo de víctimas de Huazantlán del Río.
A un año de su retiro, las organizaciones que fueron reubicadas en la calle Gurrión, a un costado del templo de Santo Domingo de Guzmán y junto al jardín Antonia Labastida, permanecen en ellos. La representación de Huazantlán se mantiene en la Alameda de León.
