La Policía Estatal de Oaxaca atraviesa una profunda crisis interna que amenaza con desestabilizar la seguridad pública en la región. Desde la mañana del miércoles 26 de febrero, elementos de esta corporación decidieron iniciar un paro de labores tras supuestamente recibir notificaciones de despido bajo el argumento de no haber aprobado el examen de control de confianza. Esta medida ha desatado una ola de inconformidad que se ha intensificado a lo largo de las últimas horas, llevando a los policías a concentrarse en el Cuartel General de la Policía Estatal, ubicado en el municipio de Santa María Coyotepec, en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO: EL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA

El conflicto comenzó cuando alrededor de 200 agentes fueron notificados de que no habían aprobado el examen de control de confianza, una prueba obligatoria para continuar en las filas de la Policía Estatal. Este examen evalúa la idoneidad de los elementos para desempeñar sus funciones, garantizando que solo aquellos aptos para manejar situaciones de alto riesgo permanezcan en la institución. Sin embargo, la noticia fue recibida con rechazo por los agentes. Quienes aseguran que la medida es injusta y no refleja su verdadero compromiso con la seguridad.
El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, intentó calmar la situación negando que existiera una intención de despedir a los policías. Acusando que se trataba de un ataque a su administración. No obstante, los elementos de la Policía Estatal insistieron en que las notificaciones de baja son reales. Generando una creciente tensión que culminó en el paro de labores.
LAS NEGOCIACIONES: UN PRIMER INTENTO DE SOLUCIÓN
El miércoles 26 de febrero, la situación se mantuvo tensa. A las 9:00 horas, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barón Ortiz, y el propio comisionado de la Policía Estatal, Plácido Jarquín, acudieron al cuartel para intentar negociar con los manifestantes. Durante la reunión, ambas autoridades confirmaron que las notificaciones de baja eran efectivas. Sin embargo, insistieron en que no se despediría a los 200 agentes de manera automática. Aseguraron que cada caso sería tratado de forma individual. Lo que daría la posibilidad de que algunos agentes pudieran repetir o volver a presentar el examen de control de confianza.
Pese a los intentos de calmar los ánimos, los policías se mantienen firmes en su postura y continúan en paro. Las demandas no se limitan a los despidos, sino que también incluyen mejoras laborales, como el aumento en los salarios, la mejora de las condiciones de trabajo, y la resolución de problemas de pensiones y seguridad social. Incluso, los elementos de la Policía Vial y otros cuerpos de seguridad como la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez y el C4. Quienes también están en riesgo de ser despedidos, se han sumado a la protesta, ampliando así el alcance del paro.
EL FUTURO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN OAXACA: ¿UNA CRISIS EN PUERTA?

La prolongación de este conflicto de labores no solo refleja una crisis dentro de la Policía Estatal de Oaxaca, sino que también pone en riesgo la seguridad pública del estado. Los agentes de Policía desempeñan un papel crucial en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en la región, y la falta de personal puede desbordar la capacidad de respuesta ante emergencias. En este contexto, la presencia de grupos criminales en varias zonas de Oaxaca agrava aún más la situación.
El conflicto ha llamado la atención de diversos sectores de la sociedad, que temen que la falta de efectivos de la Policía Estatal pueda generar un vacío de poder en la lucha contra la criminalidad. Las autoridades estatales han solicitado a los policías mantener la calma y continuar con las negociaciones, pero las tensiones siguen creciendo.
LAS EXIGENCIAS CRECEN: NO SOLO SE LUCHA POR EL EMPLEO
A medida que avanzaba el día, las demandas de los manifestantes fueron aumentando. No solo exigían una revisión de los despidos, sino también una serie de reformas internas dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Entre las peticiones se incluyen la renuncia de figuras clave como el Comisionado de la Policía Estatal, Plácido Jarquín, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez. Además, los policías exigieron la retirada de los elementos de la Secretaría de Marina que ocupan instalaciones destinadas para las comandancias regionales. Lo que ha generado malestar entre los uniformados.
UN DESENLACE INCIERTO: ¿HACIA DÓNDE VA EL CONFLICTO?
Hasta este jueves, la inconformidad de policías estatales sigue en pie y se prolongará durante una semana, según anunciaron los manifestantes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para llegar a un acuerdo, la incertidumbre sigue siendo alta. Las negociaciones continuarán en las próximas semanas, con una nueva mesa de trabajo prevista para el martes 4 de marzo. En la que se tratarán temas clave como pensiones y seguridad social.
Por su parte, el Gobierno de Oaxaca ha expresado su compromiso de resolver el conflicto de manera pacífica y garantizar que los derechos de los elementos de la Policía Estatal sean respetados. Sin embargo, las demandas siguen siendo claras: los agentes exigen una revisión justa de los despidos y mejoras laborales inmediatas.
Finalmente, la resolución de este conflicto será clave para restaurar la confianza en las fuerzas de seguridad del estado y garantizar la estabilidad en un momento crítico para la seguridad pública en Oaxaca. La situación sigue siendo incierta, pero lo que parece claro es que el conflicto no terminará hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio para los agentes y la comunidad oaxaqueña.