Integrantes de la 65 Legislatura del Congreso del Estado exigieron a las autoridades locales no dejar en la impunidad el atropellamiento y muerte de un ciclista ocurrido en la Carretera Federal 190.
Ante estos lamentables hechos, y derivado de las manifestaciones que han realizado ciclistas en la ciudad capital, el grupo parlamentario del partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena) exhortó al gobernador Alejandro Murat, para que, en coordinación con el Fiscal General del Estado y la Secretaría de Movilidad, apliquen estrategias y acciones que garanticen la seguridad y el libre tránsito de los ciclistas; así como esclarezcan y realicen las investigaciones correspondientes respecto a lo sucedido el pasado viernes 28 de marzo del año en curso.
Señalaron que para evitar más accidentes, es necesario que se impulsen más proyectos de BiciRutas, así también, exigieron continuar con las investigaciones del accidente ocurrido en la 90, en el que presuntamente se vio involucrado una unidad del transporte público en la modalidad de taxi de la ciudad de Oaxaca.
Por su parte, la diputada Adriana Altamirano Rosales, exhortó al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, para que cumpla con el objetivo de la Fiscalía que es la procuración de justicia pronta, eficaz, imparcial, gratuita y de confianza, además del combate al delito y la impunidad.
Afirmó que hasta el momento los objetivos por los cuales debe trabajar está órgano de procuración de justicia, no se está cumpliendo y se ve reflejado en el repunte de la violencia e impunidad.
En la sesión virtual celebrada este miércoles, las y los representantes de la fracción parlamentaria del PRI, presentaron una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que instruya a las dependencias federales como son la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Economía y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que ordenen a las y los servidores de la nación dejen de coaccionar a las beneficiarias y beneficiarios de programas federales para que participen en el proceso de revocación de mandato.
