Después de varias décadas de buscar recuperar una propiedad que le fue arrebatada de manera ilegal en Puerto Escondido, la familia Sada Fernández confía que la aplicación de la ley se haga realidad para terminar con la impunidad y la inseguridad en la tenencia de la tierra.
Tras ganar el juicio ante el Juzgado Segundo en Puerto Escondido, a través del expediente civil número 169/2002, esperan rescatar entre mil y dos mil metros cuadrados de los 10 mil metros cuadrados (una hectárea) que es de su propiedad y que les fue arrebatada a través de diferentes argucias.
En entrevista con EL IMPARCIAL, el empresario Enrique Sada Fernández reconoció que a lo largo de todos estos años ha sido tortuoso exigir justicia ya que se han enfrentado a diversos obstáculos en la administración de justicia, lo cual ha prolongado que se acate la disposición legal.
A pesar de ello, dijo, con la sentencia firme, el juez con fundamento en el artículo 2883 Fracción X, 2889 y 2890 Fracción II del Código Civil del Estado de Oaxaca, ordenó la inscripción de la sentencia, su incidente de ejecución y la anotación definitiva en todos los folios reales de propiedad que se encuentran sobre la fracción de terreno reivindicada más frutos y accesiones sobre 10 mil metros cuadrados.
Por eso se solicitó acción legal en 2010 en contra de quienes administraban el complejo turístico El Faro, encabezados por el constructor duranguense, Efrén Bruciaga Hernández, ya fallecido. Y una vez prosperado el juicio, también se giraron órdenes de aprehensión en contra de otros involucrados, entre ellos, Marco Bruciaga Fragoso, Manuel de Jesus Silva y otros.
“Lamentablemente esa superficie fue vendida de manera ilegal a extranjeros que ya construyeron alrededor de 40 casas y solo nos queda tratar de alcanzar acuerdos con cada uno de ellos para que paguen el terreno que es de nuestra propiedad”, expresó.
Sada Fernández recordó que todo empezó en la administracion del ex gobernador Heladio Ramírez López, cuando un grupo de políticos que habían servido en Bahía de Banderas, Nayarit, se incorporaron a su gobierno.
Entre ellos, Alfredo Ríos Camarena, quien encabezó la creación del Fideicomiso Puerto Escondido (FIPE), para “robar tierras a quienes eran sus legítimos propietarios”.
“Removieron todos los planos, los desaparecieron, también las mojoneras para vender o construir propiedades. Al grado de que desde entonces el Registro Público de la Propiedad en Puerto Escondido es un verdadero desmadre donde no se encuentra nada y todo está revuelto, sin que se haya intentado poner orden”.
Ante tal anarquía vivales han aprovechado la ocasión para seguir apoderándose de terrenos y propiedades. “En Puerto Escondido pero en general en toda la Costa existe un estado de derecho precario donde la impunidad de delincuentes les permite seguir actuando”.
El empresario oaxaqueño apuntó que a lo largo de todos estos años se ha tenido que enfrentar al contubernio de las propias autoridades que exhibe una gran complicidad, pues a pesar de que habían ganado su pleito legal continúa enfrentando serios obstáculos para que se haga realidad.
