En sociedades de mercado como la nuestra, el desarrollo de las personas sin acceso al consumo es una ilusión, por ello, se puede afirmar que existe una estrecha relación entre la dignidad de las personas y su derecho al consumo, estableció José Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Al inaugurar el foro “Consumo, Derechos Humanos y Ciudadanía”, dijo que es una obligación del Estado contribuir al empoderamiento ciudadano, para que de manera informada y libre exija los derechos que como consumidor tiene.
“Solo de esta manera colaboramos en la construcción de una sociedad más incluyente, que pueda avanzar hacia una democracia firme y que garantice el respeto a las prerrogativas fundamentales de todas y de todos”.
Insistió que el respeto de la dignidad humana constituye una garantía de que la persona no sufrirá agravios o humillaciones, pero al mismo tiempo también, y tal vez principalmente, se presenta como afirmación positiva del pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo, agregó.
Si no se reconoce a la persona el derecho de acceso y trato digno en el mercado, muchos de sus derechos fundamentales serían inviables, pues es en el mercado donde acceden a los bienes y servicios básicos que determinan su calidad de vida: alimentación, salud, educación, información y muchos otros que comprometen no solo el desarrollo de su personalidad sino su existencia misma está estrechamente vinculada a los derechos del consumidor.
En el Paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), José Agustín Pineda, subprocurador de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), destacó que el Estado tiene que intervenir cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses del consumidor de manera individual o colectiva, a efecto de garantizar los derechos e intereses de los consumidores.
Al participar, Lourdes Santiago Cruz, delegada de la Profeco, abordó el tema relacionado con el consumo, la integridad y cultura, en tanto que Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico para el Cambio Social, resaltó la importancia de utilizar la figura jurídica de acciones colectivas como mecanismo para la defensa de los derechos de los consumidores.
Mientras que la investigadora Karina Sánchez Juárez, ponderó el origen del término “Consumo Responsable” como aquel que analiza de manera crítica el proceso de producción y es la sociedad quien se apropia de él pero falta la participación ética de las empresas.
