A seis años de que entró en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), en el estado de Oaxaca aún persisten vicios del viejo sistema como el estancamiento en la profesionalización de los agentes de investigación y en el abuso de la prisión preventiva.
Hemos avanzado, pero no tanto como se había proyectado porque todavía persisten muchos vicios del anterior sistema sobre todo en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en el tema de la investigación, tenemos problemas porque todavía falta llegar a otro nivel de la profesionalización de los que investigan los hechos y con ello contar con carpetas sólidas y que pasen todos los filtros, de tal manera que se garantice el derecho de las víctimas a obtener por una parte la reparación del daño y por otra se sancionen a los responsables, sin embargo, todavía hay rezagos en la integración de las carpetas”, destacó Gerardo Martínez Ortega, de CEPIADET.
El coordinador jurídico y de litigio del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C., (CEPIADET), expuso que este rezago genera que todavía existan jueces “que les arreglen la plana a los fiscales, no se atreven a ser estrictos y terminan validándole algunas cosas porque si fueran muy estrictos no pasarían algunos casos de fiscalías”.
Luego podemos encontrar algunos aspectos en el sistema judicial donde incluso se ha abusado un poco del sistema acusatorio y se ha hecho a un lado esto que se llama mecanismos alternativos para la solución de conflictos en materia penal, entonces todo está llegando a los juzgados cuando estos mecanismos uno de sus principales objetivos era desfogar el sistema acusatorio para que las salidas alternas sean eso que desfoguen, de tal manera que los asuntos que lleguen al sistema acusatorio sean asuntos muy complejos, de mucha gravedad o trascendencia, pero todavía tenemos algunos asuntos que llegan a juicio como de robo, asunto familiares que no deberían, ese es un aspecto que no se ha avanzado”.
Al referirse sobre la sobre-población en los penales locales, el abogado, dijo que tampoco se han cumplido los objetivos “porque para los agentes del ministerio público solicitan prisión preventiva casi para todo, y eso nos coloca en que la institución judicial ha abusado de la prisión preventiva, incluso los jueces en vez de asumir su papel pues son consencientes e imponen prisión preventiva en aquellos casos, aunque no los merezca”.
El ministerio público por todo piden prisión preventiva y los jueces no ejercen un control y a eso le sumamos una deficiente defensa pública y privada, en términos generales podemos decir que el sistema acusatorio no ha disminuido la población penitenciaria, a ello se le suma que los catálogos de delitos que merecen prisión preventiva se ha ido ampliando, entonces la tendencia es que en vez de estar liberando gente de los penales, están viendo cuánta gente más meten a la cárcel”.
Gerardo Martínez, también habló sobre los rezagos en materia de reparación del daño, en el que identificó dos vertientes. “La primera es que cuando los asuntos son tratados por salidas alternas hay una posibilidad y prontitud del pago a la reparación del daño, se está garantizando de una manera más efectiva a través de una salida alterna”.
La segunda es cuando los asuntos llegan a ajuicio y todavía no está cuantificado, persiste esta práctica del ministerio público que cuando acusa o se hace el escrito de la acusación, solicita que se condene a una persona en la reparación del daño en términos abstractos le ponen en su concepto y eso lo hacen porque quieren dejar que si se logra la sentencia y una vez que el asunto se vaya a la etapa de ejecución ante el juez de ejecución penal se haga la cuantificación de la reparación del daño, entonces la víctima ve más lejana la posibilidad de que obtenga la reparación del daño”
El abogado de CEPIADET afirmó que existen pocos avances en la materia como las audiencias “que son más rápidas, tampoco estamos tan rezagados, pero va muy despacio y eso también pasa porque todavía falta fortalecer la profesionalización de todos los operadores, incluso de los jueces, ministerios públicos, defensas y asesores, en el tema de asesores no hay asesores jurídicos y eso es un incumplimiento del estado porque técnicamente le toca la Segego la asignación de los asesores jurídicos y nada más tienen a dos en todo el estado y ello provoca que se deje a las víctimas en una situación de indefensión y les lleva a contratar defensores particulares”, apuntó.
