A la deriva, 91 empleados del extinto TJAO

El pleno del Congreso de Oaxaca exhortó a los recién nombrados magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCEO), a respetar los derechos del personal de base y de confianza.

A propuesta de la fracción del PRD en la LXV Legislatura local urgió a que la transferencia del personal dé inicio a partir del día 3 de agosto próximo, para quedar concluida en el mismo plazo establecido para emitir la ley orgánica (60 días).

Coincidimos con el grupo mayoritario, que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene un papel central en el sistema estatal de combate a la corrupción, por lo que debe estar sometido a una evaluación permanente y objetiva, dijo en tribuna la promovente Rocío Melchor Vásquez.

Enfatizó que “con lo que no podemos estar de acuerdo, es con las prácticas autoritarias y apartadas de la legalidad y la regularidad constitucional, que fueron empleadas para imponer la desaparición del anterior tribunal de justicia administrativa”.

No es nuestro objetivo, ni nuestro papel defender a los magistrados del tribunal desaparecido, pero sí es importante exponer que lo que se vivió el pasado sábado 22 de julio en esta soberanía, fue una clara violación a los principios de legalidad, seguridad y democracia deliberativa en el proceso legislativo”, acusó.

Explicó que la urgencia para resolver la iniciativa, ocasionó serias deficiencias legislativas que debilitan la institucionalidad y operatividad del nuevo tribunal, y son un grave problema de certeza jurídica para los justiciables y los empleados del órgano.

Vemos que el artículo octavo transitorio del decreto, dispone que la reestructuración y transferencias de los recursos humanos, financieros y materiales del tribunal desaparecido, para dar paso a la instalación del nuevo, deberá contemplarse dentro de la ley orgánica del tribunal nuevo, manifestó.

Vásquez también advirtió que el artículo transitorio séptimo dispone que el Congreso deberá emitir la ley orgánica del nuevo tribunal, dentro del plazo de 60 días naturales posteriores a la publicación del decreto, por lo que los nuevos magistrados, deberán apegar sus funciones en lo que corresponda a la legislación vigente.

Preguntó sobre cómo quedará la reestructuración y transferencias de los recursos humanos (91 empleados), financieros y materiales del tribunal desaparecido para dar paso a la instalación del nuevo, deberá contemplarse dentro de la nueva ley orgánica.

Dijo que si el jueves 3 de agosto, todavía no habría nueva ley orgánica, ni transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros, “en qué fecha va a empezar a operar y administrar justicia el nuevo tribunal?.

Tenemos conocimiento que hay empleados que han prestado sus servicios desde el año 2007, en que se creó el tribunal de lo contencioso administrativo, y otros se han integrado a través del tiempo en los distintos tribunales administrativos, por lo que actualmente, hay una plantilla de 91 empleados de los cuales 56 son mujeres y 35 son hombres, recordó.

En otro punto, Adriana Altamirano, diputada local por Nueva Alianza demandó en la máxima tribuna del Congreso del Estado su incorporación legal a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tras reiterados mandatos de órganos jurisdiccionales.

Me lo he ganado, he dado una lucha por más de año y medio y tengo el respeto de 64 mil personas, lamento que se burlen de mí por ser una sola persona y exigir se cumpla mi derecho”, lanzó.

Altamirano recordó que tras 18 meses de lucha, los tribunales les ha dado la razón pero hasta el momento no le han cumplido, “hay sentencias del tribunal de Xalapa y Sala Superior pero no la acatan”.

Incluso criticó a los legisladores oportunistas que se han colgado de la llamada Cuarta Transformación y se cuelgan de una democracia que no construyeron y tampoco se han solidarizado ni tampoco respetado la paridad y equidad de género.

Lamentó que sea el propio presidente de la Jucopo en el Congreso de Oaxaca Luis Silva Romo quien haya enviado un recurso de suspensión de sentencia, para no cumplir con la integración de la legisladora a dicho órgano de gobierno.