“Reconocemos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar con argumentos jurídicos sólidos, la inconstitucionalidad de la segunda parte del llamado Plan B Electoral, con lo cual seguirá vigente la legislación anterior”, destacó Coparmex.
El organismo empresarial celebró que con el fallo queden definitivamente sin efecto las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y General de Partidos Políticos, así como de la nueva Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobadas por la mayoría en ambas cámaras del Congreso federal.
Recordó que en abril, junto con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos amicus curiae, en los que aportaron argumentos legales útiles para declarar inconstitucionales las dos partes del llamado “Plan B”, publicadas el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023, respectivamente.
Indicaron que uno de los argumentos centrales que expusieron, fueron las “graves infracciones al procedimiento legislativo, pues demostraron que el trámite de aprobación de ambos decretos fue atropellado, antidemocrático y violentó el orden constitucional al quebrantar las fases del proceso legislativo, anular la deliberación democrática y no garantizar el derecho parlamentario de las minorías”.
Indicaron que la acción de la Corte es un ejemplo claro de que la voz de los ciudadanos sí tiene peso cuando se expresa a través de los mecanismos legales adecuados y es atendida por una autoridad abierta a escuchar argumentos y dispuesta a actuar en favor de un México donde las leyes se respeten.
“En Coparmex estamos seguros de que a todos los mexicanos nos corresponde proteger los derechos y garantías que nos otorga nuestra Constitución, dado que el respeto a nuestra Carta Magna es un pilar fundamental para mantener la vida en Democracia que hemos decidido vivir”, mencionaron.
Añadieron que en la propuesta de un Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI) defienden un Sistema Político Democrático y de Derecho con instituciones independientes, con leyes y reglas claras, estables y cumplibles.
Sumado a que pugnan porque prive el respeto a la división de poderes, el equilibrio entre gobierno y sociedad y la participación de los ciudadanos en las políticas y decisiones públicas, cerraron.
