El Pleno del Congreso local aprobó el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género en el Poder Legislativo.
Con 27 votos a favor, aprobaron el acuerdo parlamentario de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside Luis Alfonso Silva Romo, por lo que está en vigor después de su publicación.
El objetivo del acuerdo radica en ser una guía para garantizar que el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca sea un espacio libre de violencia contra las mujeres en razón de género; y que, para el caso de ser violentadas, las mujeres cuenten con atención con perspectiva de género.
Además, busca generar mecanismos para la prevención de casos de violencia contra las mujeres, con especial énfasis en el hostigamiento sexual, acoso sexual, hostigamiento laboral y acoso laboral al interior del Congreso.
Asimismo, busca fortalecer la cultura de la denuncia y contribuir a la construcción de espacios libres de discriminación, sexismo y misoginia forjando una estructura de apoyo y auxilio para salvaguardar la integridad de cualquiernujer en situación de violencia.
Pero además, contempla establecer mecanismos de atención, seguimiento y sanción a las denuncias por los casos que se den al interior de este poder.
En otro tema, también aprobaron el segundo acuerdo parlamentario donde dieron a conocer la lista de municipios que recibirán mérito ecológico y comunitario, “Carmen Santiago Alonso”, en honor a la activista en materia de derechos de las comunidades a sus recursos naturales, como el agua.
Esto por los trabajos que están realizando en sus comunidades a favor de este bien natural.
Trata de personas
En esta sesión, la LXV Legislatura, también aprobó un exhorto al titular de la Fiscalía General del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, para que se implementen operativos y protocolos necesarios para la prevención de trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes en los principales destinos turísticos del estado.
Con 29 votos a favor, se avaló la proposición con punto de acuerdo de la diputada Concepción Rueda Gómez, en la sesión ordinaria de ayer.
La propuesta radicó en que, de acuerdo con los datos del Gobierno del Estado, en las vacaciones de Semana Santa se espera la llegada a Oaxaca de más de 217 mil turistas. Los principales sitios a visitar serán Oaxaca de Juárez, Huatulco y Puerto Escondido.
Y que junto con esto, aparece el turismo sexual que está en medio de la corrupción, la omisión de las autoridades, los vacíos legales y la indiferencia de la sociedad son sus terrenos fértiles.
Según información de la Organización “Causa Común”, de enero a febrero del 2022 en 15 estados de México incrementaron las víctimas de trata de personas y Oaxaca fue el estado con mayor incremento.
El alza en nuestro estado fue de 500 por ciento respecto al 2021, siendo las principales víctimas de este delito mujeres, niñas y niños”, refirió.
Y en contraste, la Fiscalía General únicamente reportó 12 carpetas del delito de trata de personas durante el año pasado.
Rechazan dejar cargos
En asuntos generales de la sesión ordinaria de ayer, se notificó que la magistrada Alma López Vásquez y el magistrado José Luis Ríos Cruz del Tribunal Superior de Justicia faltaron a la cita ante la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para iniciar con el proceso de ratificación o no al cargo.
La diputada Lizeth Arroyo indicó que les dieron la notificación sin que atendieran el llamado.
Desde la Tribuna, consideró que, con esta actitud se niegan a someterse a un proceso de evaluación.
El día 27 de marzo, se les notificó en sus respectivas salas que debían comparecer el día de ayer ante la Comisión, día en el que incluso, uno de ellos se encerró en el baño para no recibir de manera personal la notificación, y la otra se metió bajo su escritorio, y cerró su oficina, para no recibir la notificación que se le dejó con la cita de espera”, abundó.
Pese a eso, el 2 de abril les notificaron por medio del Periódico Oficial, y de los dos de mayor circulación en el Estado.
Sin embargo, tanto la magistrada como el magistrado están promoviendo un amparo porque quieren continuar en el cargo y se han hecho de diversas argucias para evitar la comparecencia.
Es más, en el momento de la notificación el magistrado llamó a la policía para echar a la persona que llegó a notificarle hasta el domicilio que tiene.
Y en su caso, la magistrada declaró que contaba con un permiso económico que le imposibilitaba acudir al Congreso local, pero sí envió un oficio donde manifiestó su interés por continuar en el cargo.
