La realización del Parlamento Abierto de la reforma electoral no garantiza un verdadero diálogo democrático, ni la participación de todas las voces de la sociedad ni la academia, cuestionó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Para la gremial no se debe repetir la lamentable experiencia del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, que terminó ignorando la voz de la sociedad y de expertos, más de 150 horas de ideas y propuestas quedaron en el olvido.
Desde la Confederación lanzaron un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, “para que la organización y desarrollo del Parlamento Abierto no se convierta en un diálogo de sordos, ni en un ejercicio para imponer una visión preconcebida y autoritaria, sino que exista un verdadero diálogo”.
Anotó que cualquier modificación constitucional a las facultades y autonomía del INE y los demás órganos electorales, resulta tan inoportuna como innecesaria en este momento.
Son los mismos ciudadanos los organizadores de los procesos electorales, que han sido libres, imparciales, equitativos y confiables, tanto a nivel nacional como local, y que han logrado excelentes resultados”, comentó.
Manifestó que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han dado confiabilidad y certeza a las elecciones, en donde incluso, algunos partidos políticos han solicitado su apoyo para organizar sus procesos internos para la designación de sus dirigentes nacionales.
Afirmó que no es el momento, ni existen los consensos políticos, menos tratándose de una reforma electoral que destruya lo logrado y que funciona, en cambio, es momento de fortalecer al árbitro electoral, que ha dado muy buenos resultados en cada elección.
Reiteró que el sistema democrático que hemos construido y consolidado en México a través de muchos años de lucha, con la invaluable participación de la sociedad, “no puede ponerse en riesgo con cambios a las leyes que vayan en contra de los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
Consideró que cambios de gran calado, como lo son las reformas constitucionales en materia electoral, exigen el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas del país y, por supuesto, de la sociedad, pues definen las reglas de la contienda democrática.
Resulta inoportuno que hacia el final de un gobierno, y desde el gobierno mismo, se quieran modificar las reglas electorales, dado que forzar cambios sin el mayor acuerdo posible sólo llevaría a pervertir el sistema democrático de México.
